El Plan C sigue su marcha: el Instituto Nacional Electoral (INE) convalidó la enorme sobrerrepresentación de la coalición gobiernista para otorgarle más que la mayoría calificada, con la que una fuerza política podrá hacer cera y pabilo con la Constitución. Es el Plan C.
En su sesión de este viernes, el Consejo General del INE ratificó por mayoría de votos (siete votos contra cuatro) el proyecto de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, con la que se le otorga a la alianza integrada por Morena 364 integrantes de la Cámara de Diputados, 30 más de la mayoría calificada, prácticamente 73 por ciento de curules.
Por partidos la asignación fue la siguiente: Morena, 75; PVEM, 20; PT, 13; PAN, 40; PRI, 26, y Movimiento Ciudadano, 26. Así, para la coalición gobiernista son 108; para la oposición, 92.
Para justificar su voto a favor del proyecto, Guadalupe Taddei, consejera presidenta, expresó: “Es inaceptable colocar al INE en una falsa disyuntiva. La Constitución es contundente y precisa: no hay dilema. Las reglas constitucionales son muy claras. Pedirle al INE hoy que aplique esta fórmula de otra manera es impensable. Este Consejo General no puede apartarse de la Constitución”.
La consejera Claudia Zavala, quien presentó su propio proyecto de asignación de curules, consideró que el proyecto de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos “no refleja de manera objetiva la pluralidad política que la ciudadanía expresó en las urnas el pasado 2 de junio”. Según explicó al presentar su propio proyecto para asignar las diputaciones de representación proporcional, “el problema concreto radica en el hecho de que, para determinar los límites de sobrerrepresentación, lo que se ha venido haciendo es suma -más bien, regalar- 8 puntos por igual a cada uno de los porcentajes de la VNE de los partidos políticos”.
Según Uuc Kib Espadas, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, denunció que los movimientos legales han sido regresivos en materia de proporcionalidad, pero que la fórmula actual, “en su interpretación gramatical, pero muy especialmente en su interpretación sistemática, histórica y teleológica, es inequívoca. Donde la Constitución dice que el tope de sobrerrepresentación será de 8 por ciento para cada partido, debe leerse que el tope de representación es del 8 por ciento para cada partido y no para cada coalición”.
Jaime Rivera advirtió que “una lectura literal, estrecha e inconexa” de las disposiciones constitucionales “conduce a errores jurídicos formales y, más importante todavía, se aparta de principios constitucionales y valores democráticos que este instituto está obligado a cumplir y a preservar”. Así, señaló las ambigüedades del artículo 54 constitucional requieren de una interpretación sistemática, como lo es que en su fracción V se establece que el 8 por ciento de sobrerrepresentación se aplica a partidos, pero en la fracción I se marca que un partido político debe presentar 200 candidaturas uninominales para tener derecho a registrar sus listas regionales, lo que no cumplió ninguna de las coaliciones.
Para Martín Faz, consejero que respaldó el proyecto que presentó Zavala, señaló sobre el que hizo la Dirección de Prerrogativas “que existe una discrepancia real entre la voluntad ciudadana y los espacios asignados a cada fuerza política. Esta falta de correspondencia no sólo pone en evidencia una distorsión en el valor de cada voto, lo cual tiene efectos directos en el sistema de representación, sino también tiene como consecuencia la anulación, de facto, de la proporcionalidad y la pluralidad buscada por las reformas al texto fundamental, así como la pérdida de vigencia de otras garantías constitucionales”.
El consejero Jorge Montaño dijo: “No busquemos o no intentemos buscar interpretaciones donde no las hay, con reglas que para nada son de interpretación conforme y mucho menos se encuentran avalados con criterios jurisdiccionales”.
Según Arturo Castillo, al legislador o la justicia constitucional será el encargado “de dotar de un sentido distinto al modelo de representación política previsto en la Carta Magna”, y reprochó que “jugar, en cambio, al capricho político, al deseo personal o a la idea, abstracta y subjetiva (y eso va para todos) de la primacía de la justicia sobre la ley, sólo nos conducirá al callejón sin salida de la ‘ley del más fuerte’, que no es ley sino arbitrariedad”.
Para Dania Ravel, la aplicación de la fórmula de representación proporcional es la misma con la que se ha hecho desde 2015 en el INE. Además de denunciar amenazas, especialmente en redes sociales, comentó que “no dejan de ser llamativas las exigencias de personas que fueron consejeras electorales, que estuvieron aquí sentados y que no hicieron una modificación, una interpretación diversa de la manera como nosotros estábamos aplicando esta fórmula”.
“Yo no advierto una laguna normativa que implique que este Consejo General deba de realizar algún otro método interpretativo actualmente; si bien puede haber puntos de vista particulares, nuestro deber como institución es hacer que impere, como siempre, el marco constitucional, como también ya se ha repetido por diferentes personas en esta mesa”, expresó Rita Bell.
Para Carla Humphrey se refirió a lo que denominó “supuesta distorsión entre el porcentaje de votación de cada partido y el porcentaje de curules que tienen en la cámara de diputados”, la que atribuyó al sistema de mayoría relativa, “sin que exista regla o principio constitucional que lleve a esta autoridad para dotar una interpretación diversa”.
Según Norma Irene de la Cruz, los consejeros “no podemos cambiar la interpretación jurídica de la asignación de los cargos electos sin dañar la confianza de los ciudadanos expresadas en las elecciones ante la sociedad y ante este órgano electoral”, y añadió que ellos no son un cuarto poder soberano y que no pueden hacer la asignación “con interpretaciones ad hoc”.
En la sesión el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, se lanzó contra el consejero Faz, a quien incluso amagó, con la actitud porril que le caracteriza, con juicio político. Eso generó un repudio generalizado en la sesión, hasta el de su correligionario José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, en representación del PRD, dijo que lo que les solicitaban a los consejeros es la aplicación estricta de la Constitución “el literalismo salvaje, tuerto y parcial que se quiere aplicar es exactamente lo que nos lleva a donde estamos hoy, porque, como acabamos de escuchar, se interpreta de una manera la fracción I del artículo 54, y de otra manera, absoluta y radicalmente distinta las otras fracciones del mismo artículo”. Añadió que ello se convertía “en una coartada para hacer un asalto sobre la voluntad popular”.
