La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) no sólo es inconstitucional sino que violaría los tratados entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, consideró Kenneth Smith Ramos, quien fue el jefe de las renegociaciones técnicas del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.
Durante su intervención en el webinar “Análisis del T-MEC y su impacto en el sector energético”, realizada por la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, Smith Ramos consideró que la reforma energética de 2013 (que considera la inversión privada en el sector) se encuentra en al tratado vigente, mientras que la iniciativa de reforma a la LIE constituiría una violación a este.
En su análisis del T-MEC destacó el capítulo 8, dedicado al tema energético, se encuentra lo que está plasmado en la Constitución y en el que se establece que no puede haber regulaciones que favorezcan un monopolio estatal en contra de las empresas privadas.
También mencionó otros capítulos del T-MEC relacionados con el tema energético para resaltar que, aunque México tiene derecho a realizar cambios constitucionales, no pueden ser más restrictivos de lo que estableció la reforma energética. Si no es así, Estados Unidos y Canadá podrían llamar a consultas y hasta que un panel pueda determinar una represalia comercial contra el país.
Aclaró que “toda reforma constitucional y todo cambio legal y regulatorio que lleven a cabo los países, tiene que ser compatibles con los compromisos internacionales de México”.
Por lo anterior Smith Ramos planteó un diálogo directo con el presidente de la República y el Senado para poder enriquecer la iniciativa preferente, por lo que deben ser impulsadas las mesas de discusión para modificarla e incluso hasta desecharla para que no viole ni la Constitución ni los tratados internacionales establecidos por México.
Para resaltar su aseveración recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como inconstitucionales más de 20 disposiciones de la política del sistema eléctrico nacional de la Secretaría de Energía y del Centro Nacional de Control de la Energía, las que ahora han sido llevadas a la iniciativa.
El especialista también señaló otros problemas de la iniciativa presidencial, como el impacto negativo que tendría sobre la competitividad del sector eléctrico del país, que se desincentivaría la inversión en energías limpias y se incumplirían los compromisos con el Acuerdo de París.
