Durante su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cometido al menos 109 violaciones a la legalidad electoral y principios constitucionales en la materia, con 75 llamados de atención (por decirlo de alguna forma) entre infracciones y medidas cautelares, informó Latinus. Las cometidas en el más reciente proceso electoral fueron minimizadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que el mandatario hasta insultó a los magistrados.
El político que en el proceso electoral de 2006 llamó al entonces presidente Vicente Fox Quesada a no intervenir al grito de “¡cállate, chachalaca!” no pudo frenar su propia incontinencia verbal durante su gobierno: según Latinus, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 10 de julio de 2024 incurrió en 109 infracciones electorales.
De esas repetidas violaciones se generaron 75 sentencias de la Sala Superior del TEPJF para el tabasqueño, de los que 20 fueron infracciones confirmadas y 55 medidas cautelares. Durante procesos electorales federales López Obrador cometió 33, mientras que en locales fueron siete y 32 en otras circunstancias.
Entre las violaciones electorales que ha cometido el macuspano y de las que ha dado cuenta el TEPJF en sus salas Superior y Regional Especializada se encuentran la violencia política en razón de género, coacción del voto, uso indebido de recursos públicos y de programas sociales, propaganda gubernamental en periodo prohibido, utilización de imágenes religiosas, actos anticipados de campaña, vulneración de los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad, incumplimiento de medidas cautelares.
Por ello, incluso la Sala Regional Especializada inscribió a López Obrador en el Catálogo de Sujetos Sancionados y le ordenó dejar de hacer pronunciamientos de carácter electoral, entre otras medidas.
El pasado 12 de julio el macuspano comentó resoluciones del TEPJF sobre su injerencia en el reciente proceso electoral de la siguiente manera: “Hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento; no es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo, es que, sencillamente, claramente están mintiendo. Están falseando la realidad; no tienen pruebas”.
Se fue contra los ministros: “Mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votara en favor de la presidenta electa”.
Entonces, de forma más que previsible acusó que los magistrados del TEPJF “son del bloque conservador porque así era antes. Todos estos organismos estaban manejados por conservadores, reaccionarios, por gente que llegaba ahí recomendada por los que se sentían dueños de México. Están cundidas las instituciones de gente que tiene un pensamiento conservador y servil, porque no hay pruebas de nada”.
Pese a ello (o, tal vez, debido a ello), en la calificación de la elección presidencial el TEPJF minimizó las frecuentes violaciones de López Obrador contra la legalidad electoral y los principios constitucionales; algo tan evidente como sus frecuentes intervenciones a favor o en contra de fuerzas políticas durante sus conferencias de prensa fueron consideradas “acontecimientos aislados que se generaron en distintos momentos del proceso electoral e incluso, previo a su inicio”.
La magistrada Janine Otálora Malassis expresó sobre ese punto que el proyecto de resolución para desechar impugnaciones (que finalmente fue aprobado) “omite la existencia de diversas sentencias que esta Sala Superior en las que se ha confirmado, en el fondo, esta indebida participación, además de haberse confirmado la emisión de 20 medidas cautelares, ocho tutelas preventivas, así como su incumplimiento, siendo todas estas decisiones un hecho público y notorio para este órgano jurisdiccional”.
Añadió que esa es “una situación especialmente grave, siendo que en la historia nacional la intervención de los presidentes en los procesos electorales ha implicado cuestionamientos tajantes a la validez de procesos electorales anteriores”.
También el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se refirió al asunto: “El proyecto de sentencia se destaca por evitar a toda costa las violaciones al principio de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda cometidas por servidores públicos y acreditadas mediante sentencias firmes de esta Sala Superior, que confirmaron las dictadas por la Sala Regional Especializada, decisiones que fueron reconocidas en el escrito de tercería presentado por el partido Morena”.
Ese magistrado continuó: “Las constantes intervenciones del Ejecutivo federal durante la elección sí afectaron las condiciones de neutralidad y equidad de la contienda electoral, pero no invalidan la elección”.
Finalmente, muy poco o nada de ello fue tomado en cuenta para la calificación de la elección presidencial.
