El juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil desechó este miércoles la demanda por daño moral que inició la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contra Rivada por no tramitar de forma adecuada el recurso.
De acuerdo con el juez Horacio Ruiz Palma, la SCT no podía presentar el recurso por su cuenta si el daño moral que alega fue cometido contra la federación (tal como sostiene), pues en todo caso quien tendría que proceder legalmente sería la Procuraduría General de la República (PGR).
“La demanda fue presentada por el director general adjunto de Procesos Contenciosos de la SCT, sin que en el escrito inicial se adviertan las circunstancias fácticas por las cuales esa dependencia del Poder Ejecutivo Federal -la federación, si acaso verdaderamente fuere parte- no está representada por la PGR”, se lee en el dictamen difundido por Reforma.
Asimismo, agrega que el caso no procede tal como intentó tramitarlo la Secretaría ya que, si se trata de un daño a la federación, la demanda tendría que presentarse ante un Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y no en un juzgado federal.
“No se advierte que el reclamo que realiza SCT se trate de una controversia en que la federación sea parte, ya que las prestaciones que exige -daño moral- son extrapatrimoniales dirigidas a evidenciar que sufrió menoscabo en su decoro, prestigio, reputación y credibilidad, así como la consideración que la sociedad mexicana y la comunidad internacional tienen de esta dependencia, lo cual evidentemente no puede considerarse como una afectación a la federación en la acepción que le da la Constitución”, apuntó el juez.
Aunque la resolución se dio desde el pasado 17 de febrero (dos semanas después de que se inició la demanda), hasta hoy se hizo efectiva luego de agotarse el tiempo para que la SCT apelara.
Segun la SCT, Rivada ocasionó un daño moral al Estado al acusarlo de beneficiar de forma ilegal al consorcio Altán, ganador de la licitación de la Red Compartida (Rivada fue eliminada por no cumplir con el pago de garantías).
Actualmente, el consorcio de telecomunicaciones lleva un litigio en Estados Unidos contra la dependencia mexicana en el que trata de demostrar que hubo irregularidades en la licitación, entre ellas, que Altán tuvo acceso a información confidencial de la SCT para presentar la mejor propuesta.
mahy
