Un juez federal concedió un amparo al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, para dejar sin efecto la vinculación a proceso dictada por el delito de lavado de dinero.
Manuel Camargo Serrano, Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, canceló la vinculación a proceso contra el ex gobernador, dictada el pasado 5 de enero, al considerar que no satisface la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional. Ante ello, ordenó a un juez de control del Centro de Justicia Penal de la misma ciudad celebrar una nueva audiencia donde funde y motive de manera correcta y suficiente la participación de Borge en el delito que se le imputa.
El pasado 5 de enero, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México, en funciones de Juez de Control, vinculó a proceso a Borge por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultar o pretender ocultar bienes dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis, fracción II, del Código Penal Federal.
Sin embargo, el juez Manuel Camargo “indicó que la vinculación a proceso no satisface la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, pues si bien el Juez de Control señaló que los datos de prueba aportados le dieron indicios directos y periféricos para tener por demostrada la posible intervención del quejoso en el delito antes referido; sin embargo, no fueron expuestas las causas o motivos por los que consideró que tales indicios eran idóneos, pertinentes y suficientes para evidenciar el grado de posibilidad que el imputado”, señala en un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Según cita Reforma, la sentencia del Juez Sexto no puede ser ejecutada de inmediato porque se trata de un fallo en primera instancia que puede ser impugnado por la Procuraduría General de la República (PGR), lo que dejaría el veredicto final a un tribunal colegiado de circuito.
