Un juez en Materia Administrativa concedió una suspensión provisional a una empleada del Instituto Nacional Electoral (INE) porque consideró, tras una primera revisión, que una parte del Plan B que disponía la desaparición de una unidad administrativa no está justificada mediante un análisis y sin razonar, según informó El Universal.
Ese diario informó este viernes que Marisol Duarte Martínez, jefa de Departamento de Convenios y Contenidos Normativos de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, obtuvo de un juez en Materia Administrativa una suspensión provisional contra una parte del Plan B que establecía la desaparición de su unidad de trabajo.
Em la resolución que da origen a la medida cautelar contra el Plan B de reforma electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el juez consideró que las argucias que se han esgrimido para la reestructuración del INE, como abaratar su operación, disminuir su burocratización y evitar una presunta mala administración, duplicidad de funciones, áreas sin trabajo durante buena parte del año, despilfarro y deficiente operación, no se sostienen.
Así, dice una parte de la resolución reproducida por El Universal, “de un análisis superficial que se efectúa a la norma controvertida, no se advierte que se realice un análisis que justifique objetivamente en específico la supresión de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, con sus respectivas áreas que la conforman, esto es, que se trate de una área sin trabajo o con duplicidad de funciones, o que a través de su eliminación se cumplan con los objetivos que persigue la reforma, y que en su caso abone al fortalecimiento del sistema electoral”.
Añade que del análisis de la exposición de motivos “únicamente se aprecian razones dogmáticas y genéricas en relación con la supresión de diversas unidades administrativas, pero sin razonar de manera fundada y motivada, porque precisamente la unidad a la que pertenece la quejosa, corresponde a aquellas, que deben ser eliminadas, es decir, no se aprecia que se hubiese analizado la carga de trabajo de la unidad, o bien, cuál o cuáles son las diversas unidades que realiza las mismas funciones y que por tanto, se actualiza la supuesta duplicidad a que hace mención”.
Por su parte, Latinus informó que a Raquel Mondragón Correa, jefa del Departamento de Programación y Proyectos de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismo Públicos Locales, también le fue otorgada una suspensión, en este caso definitiva, contra el Plan B, lo que significa que seguirá en funciones y en las condiciones con las que contaba antes de la publicación del Plan B.
Así, se siguen acumulando los reveses al Plan B promovido por el gobierno y el oficialismo: el primero fue la vuelta de Edmundo Jacobo a la Secretaría Ejecutiva del INE, y después la admisión a trámite de la controversia constitucional presentada por el organismo electoral contra esa reforma electoral y la suspensión dictada por el ministro Javier Laynez Potisek contra ella.
