La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tendrá que explicar las pruebas recolectadas y la razón por las que negó abrir otras líneas de investigación en el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte.
Esto luego de que la jueza décimo sexta en Materia de Amparo Penal concedió este miércoles el amparo 376/2015 a los familiares de las víctimas (Milé Virginia, Yessenia Quiroz, Alejandra Negrete, la activista Nadie Vera y el fotoperiodista de Proceso, Rubén Espinosa).
De acuerdo a la información de Reforma, el recurso obliga a las autoridades capitalinas a reunirse con los deudos de las víctimas para desglosar las pruebas, fijar un móvil específico y dar una explicación de por qué no se abrieron otras líneas de investigación propuestas por la defensa.
“La parte quejosa sostiene que el derecho al acceso a la justicia no se agota una vez que se tramiten procesos internos, sino que debe asegurar el derecho a la víctima a saber toda la verdad y ser informada del desarrollo de la indagatoria”, argumentó la jueza Yasmín Ruiz.
“Señale fecha y hora (la PGJDF) a efecto de llevar a cabo una reunión con la parte ofendida y se les informe de las diligencias llevadas a cabo en la indagatoria. (Que) precise si admite o desecha cada una de las pruebas”.
Esto significa que si bien la Procuraduría no tiene la obligación de usar las pruebas aportadas por la defensa, o seguir las líneas de investigación ofrecidas, sí tiene la obligación de explicar las razones por las cuales decidió no darles seguimiento.
Entre las propuestas ignoradas está iniciar una investigación junto con el Cisen y el Cenapi para determinar si existen bandas criminales colombianas, dedicadas al narcotráfico y la trata de personas, que pudieran estar relacionadas con el caso.
Además, se pidieron los videos de las cámaras de seguridad donde se aprecia la ruta de escape de los tres presuntos culpables (a quienes no se les ha dictado sentencia), y que se analicen las dos muestras genéticas encontradas en el departamento y que no pertenecen a las víctimas.
Por otra parte, se pide se investigue la presunta participación de un cuarto homicida y que se defina cuál fue el móvil del crimen (el robo de un paquete de droga, según la versión oficial) sin descartar el hecho de que tanto Nadia Vera como Rubén Espinosa huyeron de Veracruz por recibir amenazas (las cuales no fueron denunciadas ante la autoridad).
Con esto los familiares de las víctimas y sus representantes legales esperan que la PGJDF cumpla los compromisos que hizo desde el 31 de julio (día del multihomicidio), pues aseguran que desde noviembre no se reúnen con las autoridades para recibir las actualizaciones del caso.
mahy
