Una de las primeras juezas en levantar una denuncia contra Arturo Zaldívar, Sandra Leticia Robledo Magaña, declaró que fue presionada para beneficiar con una resolución al Ejército para que este se apropiara de un predio, a lo cual se negó, informó Reforma.
En una entrevista con ese diario, la jueza reveló que fue una de las víctimas del esquema de presiones que Zaldívar, como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), montó para presionar a impartidores de justicia a través de su mano derecha en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Carlos Alpízar Salazar, para obtener resoluciones favorables al gobierno federal, como lo reveló el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
El caso que relató Robledo a Reforma fue el del rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, Estado de México, que el Ejército se disputaba con un prestanombres de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Por supuesto, Alpízar Salazar, en el piso 14 de la sede del CJN, la presionó para que su resolución fuera a favor de los militares.
Como han revelado tanto la denuncia anónima presentada contra Zaldívar y sus operadores, Alpízar Salazar anunciaba que era un tema del interés tanto del presidente de la República, quien estaba “molesto” (el funcionario del CJF amagó hasta con que este la mencionaría en su conferencia de prensa), como de Zaldívar, “muy preocupado”, porque el Ejército ya estaba posesionado del predio referido.
Sin embargo, Robledo contó que no falló en el sentido señalado por Alpízar Salazar y concedió una suspensión definitiva que afectó a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que hizo, según dijo, conforme a derecho, además de que ella se declararía incompetente en el caso, que sería pasado a un juez de Distrito de Toluca.
Comentó que Alpízar Salazar dijo que en la capital del Estado de México no habría problema; allí, tanto un juez como un tribunal resolvieron en el sentido que el lugarteniente de Zaldívar deseaba.
La jueza también manifestó su preocupación porque Zaldívar logre obtener algún cargo en el gobierno de Claudia Sheinbaum si esta llega a ganar la Presidencia de la República.
Reforma también consultó a Alpízar Salazar, quien ahora es empleado del gobierno federal, acerca de los dichos de Robledo Magaña, y dijo nunca haber tratado ese asunto con la jueza, por lo que son “falsos” e “inverosímiles”.
En días recientes también el magistrado Alberto Roldán dio su testimonio sobre el modus operandi de Alpízar Salazar, principal operador de Zaldívar en el CJF, en entrevista con Adela Micha, e incluso antes presentó grabaciones en las que se escuchan las presiones.
