El gobierno de Enrique Peña Nieto nunca aceptó extraditar a Joaquín “El Chapo” Gúzman a Estados Unidos, tras su captura en febrero de 2014. El Presidente dijo en una entrevista con León Krauze que sería “imperdonable” una segunda fuga y que había ordenado al titular de Gobernación tenerlo bien vigilado, para que nunca más volviera a ocurrir lo que no imaginaban, la segunda fuga del líder del Cártel de Sinaloa.
La administración aseguró entonces que tenía la capacidad institucional para mantener al capo en prisión y constantemente insistió en que primero “El Chapo” tenía que cumplir su condena en México y después verían si lo extraditaban a no. Es por eso que el gobierno norteamericano nunca solicitó la deportación del líder criminal, pese a que en seis cortes federales radican diversos procesos penales abiertos en su contra.
El gobierno mantuvo la postura de que debía cumplir su primera condena de tan solo 20 años por narcotráfico y asesinato, misma que quedó interrumpida en 2001 cuando logró escaparse de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
Casi un año después de la captura, en enero de este 2015, Jesús Murillo Karam, el entonces procurador General de la República, dijo que esperaba la solicitud formal, pero dejó claro que no tenía la intención de concederla: “Yo puedo aceptar la extradición, pero en el momento que yo diga. ‘El Chapo’ se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300-400 años después, falta mucho”, aseguró.
Murillo Karam además subrayó que extraditarlo a Estados Unidos ahorraría muchos costos al país, pero defendió su permanencia en México por cuestiones de soberanía, incluso aseguró que dicho procedimiento solo era apropiado cuando existen cuestiones de seguridad que lo ameriten o por peligro de fuga, algo que, aseveró, “no existe”. Seis meses después “El Chapo” demostró lo contrario, se fugó de otro penal de “máxima seguridad” y le tomó un año planearlo.
A pesar de las declaraciones, de acuerdo con un reporte de Milenio, la defensa de Gúzman Loera tramitó dos amparos para evitar que la Secretaría de Relaciones Exteriores lograra su extradición. Precisamente a finales de enero, un juez federal le concedió una suspensión provisional para que no se alcanzara la posible deportación, luego de que su defensa argumentó que trasladarlo a EU violaba sus derechos constitucionales.
“El pretender sacar a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social número Uno “Altiplano” en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, a un lugar diverso al que actualmente se encuentra interno y a disposición de diversos jueces de distrito, para ahí sacarlo del país rumbo a los Estados Unidos de América vía México Distrito Federal u otra fronteriza, sin que la defensa se encuentre en posibilidad de intentar algo en su favor, en virtud a una orden que sabemos se ha girado para tal efecto”, se leía en el expediente que cita el diario.
Entre los cargos que “El Chapo” enfrenta en EU están 12 por homicidio en la corte federal en el condado de Brooklyn, en Nueva York, acusación que incluye a Ismael “El Mayo” Zambada por los mismos delitos. Según refiere The Daily News esta acusación aún no es pública, pero tiene conocimiento de que se le acusa a los sicaros de cometer “cientos de actos violentos, incluyendo homicidios, asaltos, secuestros, asesinatos y actos de tortura”.
Además de tráfico de drogas, delincuencia organizada y lavado de dinero, el líder del Cártel de Sinaloa enfrenta cargos por conspiración para asesinar a miembros del gobierno de México, personal militar y empleados de agencias dedicadas a perseguir delitos.
Se le acusa de asesinar a Roberto Velasco Bravo, director de Crimen Organizado de la Dirección General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en 2008. Así como de haber matado a Rodolfo Fuentes, líder del cártel de Juárez, en 2004.
También es reclamado por fiscales en Nueva York, hay acusaciones en su contra desde hace años en San Diego y Texas por dirigir una importante operación de contrabando de cocaína.
En Chicago, además de convertirse otra vez en el “enemigo público número 1”, se le busca en por participar en actividades de tráfico internacional de drogas en colaboración con otros 35 acusados.
ahea
