Durante la madrugada de este viernes la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación, que calcula que estos serán por poco más de 9 billones de pesos, de los cuales cerca de dos podrán ser por endeudamiento, pese a que durante años el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó recurrir a préstamos incluso en la peor etapa de la pandemia.
Tras una acalorada discusión en el pleno que llevó más de 15 horas, los legisladores aprobaron, por 260 votos a favor y 195 en contra, la previsión de que los ingresos para el año próximo sean de 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos, de los cuales 5 billones 942 mil millones de pesos, un 55 por ciento, provendrán del pago de impuestos.
Aunque en la Ley de Ingresos no hay ni aumento de impuestos ni tampoco la creación de otros, para alcanzar la cifra antes mencionada los diputados también aprobaron que el gobierno federal pueda contratar deuda por un billón 990 mil millones de pesos, lo que es una cifra histórica. Ahora, prácticamente en año electoral, esa medida se aprueba cuando ni siquiera cuando los graves efectos económicos y sanitarios de la Covid-19 en el país fue utilizada.
Así, las empresas preferidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad, podrán contraer endeudamiento interno por 138 mil 119 y 600 millones de pesos, y externo por 3 mil 726 y mil 188 millones de dólares, respectivamente.
Otro beneficio que obtuvo Pemex fue que la modificación del pago de Derecho de Utilidad Compartida (la contribución de la empresa al erario), que será disminuido de 40 a 30 por ciento. De esa forma, durante el actual gobierno esa tasa se reducirá de 66 a sólo 30 por ciento.
Para la Ciudad de México fue autorizado un endeudamiento de hasta 2 mil 500 millones de pesos, que deberán dedicarse al financiamiento de obras que están integradas en su Presupuesto de Egresos.
Antes de la aprobación fueron presentadas 778 reservas por legisladores de diversos partidos, de las cuales únicamente tres fueron aprobadas, referentes a la tasa de retención del ISR para ahorradores, una reducción al pago de derecho por la utilidad compartida y sobre operaciones de transferencia de bienes, derechos y obligaciones que realicen las empresas productivas del Estado.
