Después de varios días de protestas, entre las que se incluyó la quema de un módulo del Instituto Nacional Electoral, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá obtuvieron su libertad condicional del penal de El Amate.
Un juez de Chiapas determinó cambiar la medida cautelar contra 17 estudiantes de dicho plantel educativo, además de otras dos personas del municipio de Chenalhó, por lo que ahora deberán presentarse a firmar en los juzgados y no podrán participar en actos que alteren el orden público.
Los cargos que enfrentan es por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia, daños, motín, pandillerismo, atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad.
El cambio de la medida cautelar fue alegada por la defensa de los inculpados debido a las probatorias de la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, las autoridades anunciaron que el proceso judicial contra 95 personas detenidas por diversos actos vandálicos ocurridos en la autopista Chiapa de Corzo-San Cristóbal de las Casas el pasado 18 de mayo, y advirtieron que, en caso de reincidencia, serán llevadas nuevamente a El Amate.
El 18 de mayo 95 personas, de las que 91 eran estudiantes normalistas, fueron detenidos mientras mantenían tomada una caseta de cobro en Chiapa de Corzo, en demanda de que el examen de ingreso a la Escuela Normal Rural de Mactumactzá sea realizado de forma presencial y no virtual debido a que muchos de ellos no cuentan con el servicio de internet.
A su salida del penal, que ocurrió alrededor del mediodía de este miércoles, los estudiantes eran esperados por sus compañeros, padres de familia y maestros; fueron llevados a Tuxtla Gutiérrez.
Los estudiantes habían sido llevados al Centro de Estatal de Reinserción Social de Sentenciados El Amate el pasado 19 de mayo. De las 95 personas originalmente detenidas, el 23 de mayo fueron liberadas 74, todas ellas mujeres, a quienes se les prohibió realizar activismo.
Esto último ocurrió después de que se documentaran los abusos cometidos contra los detenidos durante su detención, lo que ocasionó incluso un pronunciamiento de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México.
