De manera inesperada, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, criticó a fondo la propuesta de Reforma Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha provocado la protesta de más de 55 mil trabajadores. Salazar dijo, por medio de una carta y en conferencia, que se trata de un riesgo para la democracia y que derivaría en una “política feroz”.
En el mismo sentido se manifestó el gobierno de Canadá, por medio del embajador Graeme C. Clark, quien declaró que la reforma judicial de AMLO puede afectar “el vínculo de confianza” entre los inversionistas canadienses y México. Añadió que sólo transmite las preocupaciones de los empresarios de su país y que su comentario no tiene una intención injerencista.
Por su parte, la financiera Morgan Stanley llamó a reducir las inversiones de capital en el país, ante el eventual reemplazo del Poder Judicial.
Del mismo parecer fue el Consejo de Empresas Globales, que agrupa a 60 empresas transnacionales que invierten en México. El Consejo dijo que la reforma “contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones”.
Este jueves, luego de que en Estados Unidos el empresariado pidiera a Joe Biden una postura “cautelosa” ante la reforma, Ken Salazar dio un total viraje en su discurso, pues apenas el 16 de agosto había manifestado su acuerdo con la elección de jueces, magistrados y ministros y dijo que el gobierno de su país no debía opinar sobre lo que ocurre en México.
En una carta difundida en redes y también en conferencia de prensa, Salazar fue claro en transmitir la desaprobación del gobierno de Biden hacia la reforma que AMLO quiere ver aprobada antes de irse.
“La elección directa de jueces representa un riesgo para la democracia en México”. Dijo que la reforma pone en riesgo la relación comercial entre México y Estados Unidos, pues socava la confianza de los inversionistas, pues la elección directa de jueces.
“El debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México”.
Esto, porque se facilitaría que “los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”, agregó. Este argumento ha sido expuesto en repetidas ocasiones por diversos actores políticos, pero AMLO ha replicado que si los jueces se ven amenazados “pues que pidan protección”.
Salazar atacó otra de las justificaciones recurrente de AMLO: “Comprendemos la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, no resolverá dicha corrupción judicial ni tampoco fortalecerá al Poder Judicial”
Se hizo eco también de los señalamientos lanzados desde el propio Poder Judicial al afirmar que se eliminan los requisitos “de tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del Poder Judicial”.
Se recordará que AMLO ha dicho que los jueces no requieren experiencia, sino al contrario, porque con los años de trabajo van perdiendo “frescura” y ganas de servir. Por ello, lo mejor es que los jueces sean jóvenes recién egresados y sin experiencia, ha insistido.
Ya son muchas las reacciones negativas que cosecha la Reforma Judicial. La primera de ellas fue la depreciación del peso tras las elecciones del 2 de junio. Siguieron los posicionamientos de la oposición, las protestas de trabajadores, que se encuentran en paro nacional desde el 21 de agosto, las advertencias de la ONU y otros organismos, así como las posturas en contra de entidades financieras.
Ayer, la poderosa empresa financiera bajó de rango a México como destino de inversión. Medios especializados en finanzas informaron que la firma recomendó “aumentar las primas de riesgo de México y limitar las inversiones de capital”.
El lunes pasado, 19 de agosto, la agencia Fitch Ratings dijo que la posibilidad de que se implementen diversas reformas de gobernanza en México afectará el atractivo para los inversionistas. “Creemos que las reformas propuestas afectarían negativamente el perfil institucional general de México, pero la gravedad de su impacto podría quedar más clara una vez que se aprueben e implementen”.
Para The Bank of America la reforma es de “muy alto riesgo” para los inversionistas, pues tendrá, dijo en un reporte, “enormes implicaciones” para la marcha de la democracia en México, pues se busca eliminar a más de 7 mil jueces y sustituirlos con personas elegidas por voto popular.
A su vez, la Oficina de Washington para las Américas (WOLA) dijo que la Reforma Judicial debilitará la protección de los derechos humanos y facilitará “la captura política del Poder Judicial”.
“Si el mensaje del gobierno es que un ‘buen juez’ es aquel que no libera personas, lógicamente se incentiva la elección de aquellas personas candidatas percibidas como menos dispuestas a dictar liberaciones, lo cual podría debilitar aún más el control judicial sobre el actuar de las fiscalías y las fuerzas de seguridad. El resultado sería un sistema penal con incluso más margen para omisiones en las investigaciones penales y prácticas ilegales como detenciones arbitrarias, afectando desproporcionadamente a las personas más vulnerables”, dijo también.
Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, también alertó sobre los riesgos de la Reforma Judicial, pues abre la puerta a que empeore la corrupción.
En entrevista con Reforma, la relatora dijo que la elección de jueces pone en juego intereses políticos, y Entre más político se vuelve el proceso, más riesgo hay de corrupción, porque desde luego que para las fuerzas políticas no solamente se trata del mérito y el honor, también tratan de encontrar el poder a como dé lugar”.
Respecto a cambiar a todos los integrantes de la Suprema Corte, juzgados y tribunales mediante una elección, dijo que pone en riesgo a todo el sistema judicial, pues se trunca la gestión de los juzgadores y se pierde su conocimiento y experiencia.
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