En el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y el posterior interinato de José Ramón Amieva, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México otorgó a diversas empresas cuatro contratos por valor de 976 millones de pesos para pagar por funciones de tipo fiscal que dicha dependencia podía realizar de manera interna y sin costo.
Fueron cuatro las empresas subcontratadas para funciones que el gobierno podía realizar por sí mismo y estas cuatro empresas se relacionan a su vez con otras ocho, haciendo una red de 12 empresas vinculadas entre sí.
Esta información fue revelada este 26 de enero por Mexicanos contra la Corrupción, en una investigación de Valeria Durán e Íñigo Arredondo.
Según el reportaje, durante el sexenio del ex jefe de gobierno y hoy legislador por el PRD, Miguel Ángel Mancera, la Secretaría de Finanzas otorgó el primero de esos cuatro contratos. Los otros tres contratos se otorgaron durante el interinato de José Ramón Amieva, luego de que Mancera pidiera licencia para buscar una senaduría.
“Un alto cargo que trabajó en la Secretaría de Finanzas explicó que este tipo de contratos comenzaron cuando Miguel Ángel Vázquez pasó de la Oficialía Mayor a la Secretaría de Finanzas a finales de 2017. A Vázquez lo describió como una persona golpeadora pero leal a sus jefes”, dice el texto.
El reportaje cita “documentos federales” que prueban el otorgamiento de dichos contratos por valor de 976 millones de pesos en “un esquema propio de lavado de dinero”.
“Este es un esquema para introducir al Sistema Financiero Nacional activos de procedencia ilícita, posiblemente derivado de desvío de recursos públicos con la finalidad de ocultar su verdadero origen, destino y beneficiarios finales”, cita el artículo.
La Sefin, encargada de la recaudación de impuestos en la capital, “subcontrató empresas para realizar la solicitud de devoluciones sobre el pago de impuesto sobre la renta (ISR) retenido a los trabajadores de la CDMX”.
“Las compañías beneficiadas se relacionan a su vez con otras ocho por direcciones, socios y números telefónicos. Las 12 empresas movieron en 2018 más de 1,500 millones de pesos entre ellas con transferencias en dólares y depósitos a varias cuentas, una de ellas en Ginebra, Suiza”, afirma.
El empresario Martiniano Rodríguez Sánchez, asesinado el 22 de enero en la colonia Nápoles, era uno de los involucrados en este red de empresas y “poseía once marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”.
Otro es Rigoberto Contrerás Cortés. Ambos se encontraban “en el centro de este entramado de compañías”. Contreras Cortés posee seis casas en la CDMX y dos en Morelos.
Rodríguez Sánchez era presidente del Consejo Internacional de Empresarios. También, accionista de otra empresa llamada JBGG Investment. Esta última tiene la misma dirección fiscal que otras dos empresas: JJ Acounting & Legal Matters y Proyectos Complejos de Atlántico, misma que “recibió depósitos entre agosto de 2017 y junio de 2018 por 327 millones de pesos de JJ Accounting & Legal Matters”.
A su vez, dice, “Proyectos Complejos de Atlántico SCP recibió también en el mismo periodo 136 millones de pesos de Profesionistas Moliel, una de las empresas beneficiadas por la Secretaría de Finanzas con un contrato adjudicado el 18 de mayo de 2018 por 290 millones por un servicio de ocho días”,
Agrega que Rigoberto Contreras Cortés tiene participación como apoderado legal de Freight Ideas, empresa que obtuvo un contrato de 50 millones de pesos “para el servicio de emisión de comprobantes digitales por internet” a realizar de mayo a diciembre de 2018. Contreras también es apoderado en Diseño y Desarrollo en Soluciones Tecnológicas, “que en junio de 2018 recibió cuatro millones de pesos en una transferencia por parte de JJ Accounting & Legal Matters”.
Además, Rigoberto Contreras estuvo en 2017 en Asistencia Contract, “que desde mayo de 2017 hasta mayo de 2018 envió 20.5 millones de pesos a JBGG Investment”.
El reportaje detalla los montos y fechas de los cuatro contratos. Uno de ellos amparaba un servicio de tan solo una semana por asesoría legal, fiscal e informática y representó 406 millones de pesos. Otro fue por 232 millones de pesos y también solo amparó ocho días de servicios.
“Fuentes cercanas a la misma secretaría aseguraron que algunas de las empresas beneficiadas fueron presionadas por funcionarios públicos para realizar varios depósitos, de entre siete y 15 millones de pesos, a determinadas cuentas”, afirma.
Y refiere que en junio de 2019, la periodista Denise Maerker reveló que JJ Acounting & Legal Matters no tenía oficinas. Tanto esta empresa como Profesionistas Moliel cerraron en febrero de 2019.
“Según sus actas de liquidación, JJ Acounting & Legal Matters SA de CV y, que en conjunto recibieron más de 700 millones de pesos, cerraron diez meses después de firmar los contratos con la Sefin. Meses antes los socios de otras dos empresas, Proyectos Complejos de Atlántico y Nilrem SA de CV, que eran utilizadas en el entramado para recibir y enviar depósitos millonarios, también liquidaron estas sociedades. Las cuatro compañías fueron liquidadas por el mismo representante legal”.
Recuerda que el ex titular de Administración y Capital Humano de la Sefin, Miguel Ángel Vásquez, se encuentra actualmente en prisión preventiva por delitos cometidos en el ejercicio del servicio público.
