La militarización de la política migratoria mexicana, intensificada desde 2019, ha implicado incumplimientos a las normas del país y al derecho internacional, lo que ha implicado diversas y graves violaciones a los derechos humanos, por lo que debe cesar, considera un informe de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
Según refiere el informe Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México, desde 2006 el proceso de militarización de la seguridad pública fue intensificado, en lo que fue considerado desde entonces como una estrategia inadecuada ya que se incrementaron las violaciones a los derechos humanos y se fue contra el paradigma de seguridad humana.
Lo anterior es un antecedente de la forma en que desde 2019 también se ha incrementado la participación de las Fuerzas Armadas en la política migratoria de México, un “proceso inédito” impulsado por acuerdos del gobierno mexicano con el de Estados Unidos (entonces presidido por Donald Trump), lo que ha dado lugar a la violación tanto de las leyes nacionales como del derecho internacional, lo que ha traído diversas violaciones a los derechos humanos de los migrantes lo que ha incrementado la vulnerabilidad de estos.
El gobierno mexicano ha incorporado militares de diversas formas en su política migratoria: mediante su integración en la Guardia Nacional, su integración en el diversos cargos en el Instituto Nacional de Migración (INM) y también con su participación directa en acciones de control militar, señala el documento. Además, no hay controles eficaces sobre sus acciones.
Sobre los efectos de esa política señala Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora ejecutiva del FJEDD: “Se identifica que la participación militar ha incrementado el número de detenciones arbitrarias, violaciones al derecho a solicitar y recibir asilo o el reconocimiento de la condición de refugiado, discriminación racial, violencia contra las mujeres, uso excesivo de la fuerza y omisiones que han llevado a la pérdida de vidas, la mayoría de las cuales han quedado en la impunidad”.
Entre los principales señalamientos sobre la militarización de la política migratoria que se hacen en el informe están que esta carece de enfoque de derechos humanos y los elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas son usados como agentes de contención, deportación e incluso generadores de riesgo para los migrantes, lo que viola la legislación en la materia y el derecho internacional.
Asimismo, la militarización ha aumentado la vulnerabilidad de los migrantes al obligarlos a transitar por rutas que implican mayores riesgos, que van desde abusos de autoridad hasta secuestros, trata de personas y hasta la muerte.
El documento también destaca que la Guardia Nacional incurre en detenciones arbitrarias y en la expulsión colectiva de personas migrantes, lo que viola diversos derechos consagrados a nivel internacional, además de que sus elementos y los del INM han aplicado uso excesivo de la fuerza contra grupos de migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y en situación de vulnerabilidad.
Los militares habilitados en tareas de contención migratoria también incurren en violaciones al derecho de circulación y al de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
La militarización, con todos los abusos y las violaciones legales que ha implicado, no podido ser limitado por el juicio de amparo, por lo que la FJEDD llama al Poder Judicial a detener ese proceso.
Entre las recomendaciones que hace la Fundación al gobierno mexicano están las siguientes: detener la militarización de las tareas migratorias; eliminar la detención de las personas migrantes, en especial de menores de edad; derogar acuerdos con Estados Unidos que atenten contra el derecho internacional y respetar el principio de no devolución.
