En respuesta al informe divulgado por la ONU acerca del caso Ayotzinapa, en el sentido de que se acreditó tortura de parte del gobierno federal en contra de los inculpados, la Procuraduría General de la República señaló que la comisión de dichos actos “no se ha acreditado”, además de que el informe “no aporta elementos nuevos”.
Ante la afirmación de la ONU sobre que existía en la investigación del caso Ayotzinapa un uso repetido de la tortura como medio de obtener confesiones, la PGR dijo que actos de esta clase no han sido acreditados “salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”.
La dependencia señaló que en reuniones “de alto nivel” se le hicieron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos algunas “puntualizaciones” con respecto a la “metodología y los vacíos de información” que contiene el informe “señalando que todas las presuntas violaciones e irregularidades que aborda están siendo debidamente investigadas, o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes”.
“Como en su momento se hizo notar a la OACNUDH, su Informe omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes”.
Este miércoles, la OACNUDH publicó un informe en el que señala que se estudió la situación de 63 investigados por el caso Ayotzinapa. De esas personas, 34 fueron torturadas para obtener confesiones, según refiere.
Horas más tarde, la PGR emitió un comunicado en el que minimiza dicho documento, acusa a la OACNUDH de parcialidad y reitera que se sigue trabajando en el caso: “La investigación de este caso constituye un esfuerzo sin precedentes del Estado Mexicano, que ha registrado avances importantes recientes, que no se consideran en el informe de la OACNUDH”.
“Este Informe se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes. En este sentido, el Informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso”.
Asegura que el gobierno mexicano informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en semanas recientes “se ha allegado información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas”.
Y finaliza diciendo que “el Gobierno de la República reitera que continuará trabajando con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, así como con los familiares de las víctimas y sus representantes, hasta el total esclarecimiento de este caso, agotando todas las líneas de investigación que permitan conocer todo lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos, y sancionar a los responsables, conforme al marco jurídico mexicano y las obligaciones internacionales en la materia”.
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