En otro episodio de su asalto contra el Poder Judicial, Morena va por cambios constitucionales que impidan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pudiera declarar inconstitucional su reforma judicial en marcha e imposibilitar impugnaciones a reformas de ese nivel.
Después de semanas en las que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como funcionarios, legisladores, políticos y propagandistas oficialistas han intentado vulgarizar la versión de que la SCJN no puede declarar inconstitucional su reforma al Poder Judicial de la Federación, ni atender amparos, acciones o controversias constitucionales, ahora resulta que buscan clausurar, por fast track, esas vías, con lo que, de hecho, niegan su postura anterior, aunque ahora dicen que, con los cambios que proponen, “se reafirma”.
Así, con la iniciativa de Morena se pretende establecer en la Carta Magna, la improcedencia de instrumentos tan básicos para evitar el abuso de poder (como la violación de procesos legislativos y afectar derechos humanos) como el amparo y la acción y la controversia constitucional contra reformas constitucionales.
La iniciativa fue presentada este martes los líderes de los grupos parlamentarios de Morena en el Senado de la República, y en la Cámara de Diputados, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, respectivamente, así como los presidentes de la mesas directivas de esos órganos del Congreso, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna.
Los cambios planteados a la Constitución son al artículo primero, segundo párrafo; a los artículos 103 y 105 se les adicionarían a cada uno un último párrafo, y al artículo 107 se le reformaría el párrafo primero de la fracción II. Todos ellos, para aumentar la inimpugnabilidad de adiciones o reformas a la Carta Magna.
La reforma al artículo 105 es el clave porque establecería lo siguiente: “Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral”.
Al presentar la iniciativa, López Hernández arguyó que los cambios a la Constitución “son la expresión más alta de la voluntad más alta del pueblo de México”, y añadió que “el Poder Judicial de la Federación tiene a su cargo la defensa de la Constitución a través de la interpretación y aplicación de esta, pero no su modificación”.
Con toda premura y para dar el clásico “madruguete”, se citó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para sesionar al respecto en la mañana del miércoles.
Por su parte, ante ese panorama, políticos opositores apuran a la SCJN para que resuelva las impugnaciones que se han presentado contra la reforma judicial. Para Alejandro Moreno Cárdenas, senador y presidente nacional del PRI, afirmó que ahora la Corte tiene una gran oportunidad porque, con la iniciativa oficialista, “tácitamente se reconoce que ellos pueden resolver en torno a la reforma al Poder Judicial; lo que nosotros llamamos, es a que resuelva este tema tan importante que está destruyendo el Poder Judicial, que rompe la carrera judicial y que rompe el equilibrio de poderes”.
Por su parte, el panista Ricardo Anaya pidió a la Suprema Corte que resuelva pronto lo referente a la reforma judicial porque el oficialismo está aceptando que sí es competente para resolver tanto controversias como acciones de inconstitucionalidad al respecto. Añadió que, de aprobarse la iniciativa del gobiernismo, significaría “un paso gigantesco hacia la consolidación de un régimen de corte autoritario”.
Para Clemente Castañeda, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, comentó que la iniciativa del oficialismo es “la reforma más peligrosa al orden jurídico en la historia”, porque “pretende prohibir las impugnaciones a las reformas constitucionales al declarar improcedentes las controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos contra reformas a la Constitución”. Con ello, agregó, se dejará a los ciudadanos “sin mecanismos para defenderse de cualquier reforma constitucional que dañe sus derechos”.
