El proceso interno de Morena para elegir a su candidato a la Presidencia de la República viola la ley electoral al anticiparse al periodo de precampañas, al no fijar topes de gastos y por la duración de ellas, entre otros aspectos.
Según el calendario establecido por el Consejo Nacional de Morena para su proceso interno de elección de candidato a la Presidencia de la República, aprobado por unanimidad y con el consentimiento de quienes han manifestado su deseo de participar, el proceso inició este lunes 12 de junio y concluirá el 6 de septiembre.
Lo establecido por los morenistas consiste en cinco etapas: la primera se desarrollará esta semana con el registro de los aspirantes, con el que deberán proponer dos empresas encuestadoras; luego, del 19 de junio al 27 de agosto, los precandidatos recorrerán el país informando de los logros de la “cuarta transformación” y promoviendo la democracia.
La tercera etapa será del 28 de agosto al 3 de septiembre, cuando de levantará la encuesta por la comisión respectiva y las empresas contratadas para ello, con representantes de los aspirantes; posteriormente, del 4 al 6 de septiembre, serán procesados los datos, y esta última fecha serán dados a conocer los resultados con la presencia de los participantes.
Sin embargo, ese calendario es claramente violatorio de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE), que en el inciso a, párrafo 2 de su artículo 226 establece con claridad: “Durante los procesos electorales federales en que se renueve a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal y las personas integrantes de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de sesenta días”.
Sobre ello, Ciro Murayama, exconsejero del INE, señaló: “De cara a 2024 el principal riesgo es el desacato del gobierno y su partido a las reglas democráticas. ¿Qué dice la Ley Electoral? Que las precampañas inician hasta noviembre. ¿Qué decidió Morena? Que ellos arrancan en junio. Son 5 meses de proselitismo en la ilegalidad”.
En el mismo sentido se manifestó Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente del Instituto Federal Electoral: “Es ilegal, precampañas inician en noviembre conforme a la ley electoral”.
Efectivamente: en lugar de la tercera semana de noviembre, Morena lo inició ya en junio, y en lugar de 60 días, sus precampañas durarán 70.
En su artículo “Actos anticipados”, publicado este lunes en El Financiero, Edmundo Jacobo, quien fue secretario ejecutivo del INE, recordó que el llamado Plan B de reforma electoral no se aplicará en 2024 y que la ley que sí lo regirá señala que el proceso electoral iniciará hasta septiembre, y que “el INE acordará el calendario y con ello las etapas de precampañas para la definición de las candidaturas y después el periodo de campañas”.
Sobre si habría sanciones por actos anticipados de campaña y sus consecuencias, Jacobo indica que “teóricamente sí, pero hasta el momento ninguna ha derivado en la pérdida del registro de una candidatura. Otra consecuencia podría ser sumar los gastos asociados a estos eventos a los topes de campaña, causal prevista, y en caso de rebase, perder el registro”.
El exfuncionario destaca que hasta ahora el INE ha recibido más de 250 quejas por actos anticipados, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, más de la mitad contra Claudia Sheinbaum. Y concluye: “Desde mi punto de vista, estamos frente a conductas reiteradas y ante evidencias contundentes que violan las normas. La autoridad tiene la responsabilidad de frenar cuanto antes estas conductas, después será muy tarde y enturbiarán el proceso electoral ya de por sí retado”.
También debe señalarse que el segundo párrafo del artículo 226 de la LGIPE señala que al menos 30 días antes del inicio de los procesos internos de selección de candidatos cada partido debe determinar el procedimiento, lo que se deberá comunicar al Consejo General del INE en las 72 horas siguientes a su aprobación. Sin embargo, entre la decisión del procedimiento y el inicio del proceso no pasaron ni siquiera 24 horas, ni se sabe de que ya se lo hayan comunicado a la autoridad electoral.
Asimismo, hay que advertir que Morena volverá a utilizar una coartada para intentar evitar la aplicación de la ley: quien resulte ganador de las encuestas, su virtual candidato a la Presidencia de la República, será llamado “Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”.
Cuestionado sobre los gastos de las precampañas, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, sólo mencionó que serán austeras y que no puede haber derroche, pero sin señalar un límite claro y exacto. Al respecto la LGIPE también establece lo siguiente: “A más tardar en el mes de octubre del año previo al de la elección, el Consejo General determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate”.
Sin embargo, Morena se está adelantando cuatro meses a esa definición de gastos por parte del Consejo General del INE y sólo promete “austeridad” sin dar ninguna cifra.
También la participación de militantes de otros partidos en la elección de Morena (Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, y Manuel Velasco, senador por el Partido Verde Ecologista de México, han manifestado su voluntad de participar) podría provocar problemas, ya que la LGIPE establece en el párrafo 5 de su artículo 227: “Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición”.
Aunque ha habido manifestaciones de varios partidos de ir juntos en las elecciones de 2024, no se sabe que ya se haya firmado y registrado el convenio respectivo.
