Tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que invalida la penalización del aborto en Coahuila, el gobierno de dicha entidad ordenó la libertad de todas las mujeres que pudieran estar presas por lo que hasta este 7 de septiembre era un delito, aunque el presidente del Poder Judicial, Miguel Mery, afirmó que no hay ningún caso.
En comunicado de prensa, el gobierno de Coahuila señaló que en acato a la sentencia de la Corte y considerando el principio de retroactividad de la ley cuando ésta es benéfica para las personas, ordenó que sean liberadas de manera inmediata las mujeres que fueron sentenciadas a cárcel por el delito de aborto.
El martes, en sesión plenaria, la SCJN determinó que el artículo 196 del Código Penal de Coahuila era inconstitucional y ordenó que fuera invalidado.
“El gobierno del estado de Coahuila acatará esta resolución, que sienta un precedente para todo el país, pues al existir 10 votos en el mismo sentido se crea jurisprudencia. Dicha resolución tendrá efectos retroactivos, y si hubiese alguna mujer privada de su libertad por el delito de aborto, deberá ser puesta en libertad inmediatamente”.
El fallo emitido ayer, aprobado por unanimidad, obliga a las legislaturas de todos los estados del país a adecuar sus códigos penales para invalidar cualquier norma que penalice el aborto voluntario.
El sentido exacto de la sentencia es que ninguna mujer puede ser criminalizada por la interrupción voluntaria de su embarazo, debido a que ello viola diversos derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Al momento, 27 de 32 entidades del país aún contemplan sanciones formalmente establecidas en sus legislaciones, pero luego del fallo del 7 de septiembre éstas se han vuelto inconstitucionales, por lo que deberán ser invalidadas.
De no hacerlo, las mujeres que quieran abortar pueden recurrir a un amparo, y los jueces están obligados a contemplar en su resolución el fallo arriba mencionado.
El documento del gobierno estatal refiere que la sentencia aprobada el martes por unanimidad surgió de un recurso de inconstitucionalidad presentado en 2017 por la entonces Procuraduría General de la República.
Finaliza diciendo que “el Ejecutivo estatal reitera su compromiso para fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades, y continuará impulsando políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, así como del respeto a la vida”.
Al respecto, este martes el titular del Poder Judicial local, Miguel Mery, dijo que no existe ninguna mujer presa por aborto en la entidad. “No tenemos en Coahuila ningún caso en este sentido, ni tengo radicados ningún asunto por este tema”. Es decir, que según el magistrado, nunca se aplicó la penalización que estuvo vigente hasta este 7 de septiembre.
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