En las últimas horas ha tomado fuerza en las redes sociales la denuncia que hicieron en agosto pasado trabajadores de la salud de la zona serrana de Chihuahua, particularmente de los municipios de Batopilas y Guachochi, en el sentido de que en sus centros había un desmantelamiento y falta de medicamentos que afectaba a la población vulnerable, principalmente a los niños.
Estos municipios, entre otros de esa región, además viven asediados por las bandas del crimen organizado.
Batopilas y Guachochi son parte de la Sierra Tarahumara donde según un estudio de Consultoría Técnica Comunitaria AC, el crimen organizado se ha apoderado de comunidades y pueblos enteros, donde aumentaron de manera alarmante los casos de homicidios dolosos, desplazamientos y desaparición forzados, extorsiones y otros delitos.
Los municipios en cuestión están dentro de los más violentos de todo el país, de acuerdo a un índice de violencia e inseguridad que elaboró el Instituto para la Economía y la Paz, y se encuentran en la zona donde hay una fuerte disputa entre los cárteles de la droga.
En julio pasado pobladores de Guachochi colocaron una misiva anónima dirigida al gobernador donde le piden mayor seguridad pues viven con el temor de los enfrentamientos entre grupos de civiles armados así como de robos y extorsiones de los que han sido víctimas.
En noviembre del año pasado fue asesinada la lideresa del PRI y funcionaria del DIF en Batopilas junto con su pareja, y en 2017 el presidente municipal salió ileso de un atentado.
En agosto de este año personal y directivos de la Jurisdicción Sanitaria de Guachochi y del Centro de Atención Primaria (CAAPS) denunciaron que en los centros de salud de la zona serrana había un desmantelamiento inhumano pues carecían de insumos médicos básicos y de unidades de transporte para acceder a los diferentes lugares donde está la población.
Esta situación de carencia ha tenido como consecuencia una afectación directa en las condiciones de vida de los habitantes de esa zona, por ejemplo a uno de los sectores que más afecta es a la niñez, pues durante 2019 hasta esa fecha habrían muerto 31 menores por diarreas, infecciones respiratorias y desnutrición, así como de 17 perinatales por las mismas causas, según el CAAPS.
Los trabajadores del CAAPS recurrieron a sus líderes sindicales del sector salud para hacerle llegar al gobierno federal y al del estado de Chihuahua su petición de brindar mayor atención a los centros de salud de la zona serrana.
No obstante que este problema fue denunciado en agosto, en las redes sociales se ha retomado por diversos críticos del gobierno para señalar la falta de humanismo, los recortes en salud y la incapacidad para atender la problemática.
Por ejemplo, el perredista Fernando Belauzarán,@ferbelauzaran, escribió: “Que alguien le informe al humanista cristiano de @lopezobrador_que la austeridad en la salud también mata, sobre todo a los más pobres.”
El exprocurador Ignacio R. Morales Lechuga, @irmorales|, comentó: “Lo repetimos, la austeridad no debe convertirse en causa de muertes. La muerte ronda a este gobierno. Los más por violencia y otros por la cerrazón en la salud.”
Ricardo Pasco, @rpascoep, señaló: “el lado siniestro de la ´austeridad republicana`”
El periodista y escritor Héctor de Mauleón, @hdemauleon, escribió: “Esto ya es criminal.”
(con información de El Diario de Chihuahua y El Heraldo de Chihuahua)
