La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, sumó una derrota más a la larga serie de contratiempos que ha vivido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Este jueves, el juzgado Primero de Distrito en materia administrativa desechó el amparo que interpuso en contra del juicio político que inició hace 20 días la Cámara de Diputados.
Sin detalles ni argumentación alguna, el juez resolvió tajantemente: “Se desecha demanda de amparo. Notifíquese a las partes”. Hasta ahora, todas las medidas de defensa que ha instrumentado Robles han sido desechadas, en lo que ella ha acusado como una persecución por parte de sus enemigos políticos Dolores Padierna y René Bejarano y el gobierno actual.
El 3 de diciembre, la Cámara de Diputados notificó a Robles que se le iniciaría un juicio político por su responsabilidad—por omisión—en el desvío de más de 5 mil millones de pesos durante su gestión en Sedesol y Sedatu, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Ante ello, Robles interpuso un amparo el pasado 20 de diciembre, el cual fue desechado este jueves 26. Previamente, por medio de comunicación escrita, había solicitado a la Cámara de Diputados la suspensión de dicho proceso, medida que también fue rechazada.
A los diputados les señaló que el procedimiento en su contra estaba lleno de “violaciones procesales”, irregularidades e inconsistencias.
Los abogados de Robles han anunciado diversas medidas para enfrentar las decisiones del juez de control, Felipe Delgadillo Padierna, quien dictó y ratificó en momentos diferentes la prisión preventiva en contra de Robles, a pesar de que el delito de que se la acusa no amerita tal medida cautelar.
Delgadillo Padierna, sobrino de la senadora Dolores Padierna, enemiga política y personal de Robles, aseguró que tal medida era necesaria por el “riesgo de fuga” de la exfuncionaria. Justificó la decisión en la supuesta existencia de dos domicilios distintos, establecidos en dos licencias de conducir distintas.
A pesar de que la defensa de Rosario Robles demostró que una de las licencias es apócrifa y presenta un domicilio inexistente, una firma falsa y una fotografía tomada de Facebook, el juez de control ha hecho caso omiso de todos los argumentos.
Paralelamente, la Cámara de Diputados inició a principios de diciembre el procedimiento de “juicio político”, el cual se resolvería en marzo próximo, según informó el diputado morenista Pablo Gómez.
El 3 de diciembre se informó que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició el desahogo del juicio político contra la exfuncionaria, previendo resolverlo en marzo, cuando muy pronto.
Ese mismo día se notificó formalmente a Robles del inicio del mencionado proceso, tras lo cual se le otorgó un plazo de siete días para que compareciera personalmente o por escrito. Robles decidió enviar un escrito pidiendo la suspensión del proceso, a lo que se negó la Sección Instructora.
Dicha instancia determinó hacer acopio de toda la documentación necesaria para analizar el caso, y para ello solicitó a Sedesol, Sedatu, la Auditoría Superior de la Federación y diversas universidades, copias certificadas o archivos en papel de todo lo relacionado con las operaciones que derivaron en el desvío de recursos que en los medios se conoció como “La Estafa Maestra”.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, un juicio político es un “procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso—la Cámara de Diputados como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de sentencia–, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales”.
Una de las razones del juicio político es “cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales, cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”, así como las “omisiones graves” en el mismo sentido.
Así, de acuerdo con esta definición y de acuerdo los cargos que se le imputan a Robles, el juicio político está indicado. De ser encontrada culpable, la sanción sería la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Sin embargo, Robles ya ha sido sancionada con una inhabilitación por 10 años, por supuestamente no declarar correctamente sus bienes.
La única falla que se le encontró en relación con su declaración patrimonial fue una cuenta de banco inactiva con un saldo de 2 mil pesos. Aunque fue acusada de desviar miles de millones de pesos la autoridad no ha localizado una sola cuenta bancaria que confirme que se encuentra en poder de grandes cantidades de dinero.
Robles Berlanga ha negado toda responsabilidad en las acusaciones que se le hacen y a la fecha, el proceso en su contra no ha desahogado debidamente las pruebas ni a favor ni en contra.
La defensa de Robles ha señalado que tano el proceso ante el juzgado y el proceso en la Cámara de Diputados están llenos de inconsistencias que vulneran los derechos humanos de su defendida.
