Luego de que una jueza concediera una suspensión definitiva al proceso legislativo de la Reforma Judicial y ante solicitudes de jueces y magistrados en el mismo sentido, la ministra presidenta Norma Piña consultó formalmente a los ministros de la Corte para decidir si el máximo tribunal tiene la facultad de suspender el actuar de los legisladores.
En tanto el dictamen ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y se ha iniciado la ruta correspondiente en el Senado, Norma Piña inició el análisis de la solicitud hecha por agrupaciones de juzgadores que le piden que ordene la suspensión del proceso legislativo.
Como esto nunca se ha hecho, la inédita situación derivó en la realización de consultas al Pleno para tomar una decisión.
Según datos del diario Reforma, Piña envió dos documentos para consultar sobre dos peticiones en el mismo sentido. Ambas peticiones fueron turnadas con carácter de urgente a la ministra Lenia Batres, a quien le solicitó presentar proyectos para ser votados en el Pleno.
El acuerdo dice: “Se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la Presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer”.
El proyecto encargado a Lenia Batres debe argumentar si la presidencia tiene o no facultades para dictar una suspensión de este tipo, algo que nunca se ha hecho en la SCJN.
No obstante, ya una jueza en Morelos dictó una suspensión provisional y luego una definitiva que no fueron acatadas. La jueza fue exhibida en la mañanera.
La petición de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, (JUFED) envió a Norma Piña una petición para suspender el proceso de reforma y fijar una postura en defensa de la independencia del Poder Judicial.
Se le pide a la SCJN que “fije una posición a favor de que se respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y de que se mantenga su actual integración hasta en tanto se realice un objetivo diagnóstico de los problemas que ocasionan la corrupción, la inseguridad y la impunidad en el país, para así, con un gran diálogo nacional de todos los sectores involucrados e interesados en el sistema de justicia, participen en una propuesta seria y objetiva de reforma”.
Al tiempo, Norma Piña admitió a trámite una solicitud de la ministra afín a la 4T Yasmín Esquivel, que cuestionó la legitimidad de la JUFED, organización responsable del paro de labores en tribunales y juzgados.
ofv
