Durante su intervención en los “Diálogos Nacionales” en torno la reforma judicial, la ministra Norma Piña hizo una serie de exigencias al gobierno federal y a los legisladores: que no se asuma la reforma judicial como una decisión tomada, sino como una revisión y un debate y que se reconozca que la inseguridad es también parte de la injusticia que afecta a los mexicanos.
“El paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar paso a problemas mayores. No debe pesar más la celeridad que la idoneidad”, sentenció Piña, en alusión a las prisas que trae el presidente de dejar la reforma aprobada antes de irse.
En otro momento señaló: “Resulta esencial decirlo con toda claridad: la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis, pensar en una reforma al Poder Judicial implica como mínimo reflexionar sobre el papel que desempeña, como piedra angular para mantener la paz y la cohesión, a defender de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática”
En reacción, esta mañana, el presidente Andrés López Obrador dijo, en obvia instrucción a sus diputados, que en la reforma no se deben dar “tácticas dilatorias”, es decir, ordenó que la reforma se apruebe en los tiempos que él quiere, que es en su último mes de gobierno.
Y, aunque dijo no estar en contra de la “gradualidad” del cambio de juzgadores como lo propuso la propia ministra obradorista Yasmín Esquivel, dijo que en su “opinión” es mejor que las elecciones se hagan de una vez, supuestamente por el gasto. Es decir, que contradijo a Esquivel.
Fue evidente que la postura de AMLO emitida esta mañana fue una reacción al discurso de Norma Piña, quien señaló que el gobierno federal tiene una gran responsabilidad en la existencia de un gran número de víctimas de diversos ilícitos.
“La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Seamos críticos del sistema de justicia, pero centremos esta crítica en las necesidades de las víctimas”, dijo.
En una intervención dura y severa, realizada luego de la de casi todos los ministros de la Suprema Corte, Piña dejó en clara una postura de defensa al Poder Judicial, su disposición al diálogo, pero al tiempo, su negativa a ser depositaria de todas las culpas y de ser señalada con mentiras.
“Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto, critiquemos con honestidad, critiquemos con responsabilidad de Estado”, exigió. Insistió en que no debe haber prisas, sino una reflexión profunda y serena que ponga en el centro a las víctimas.
También llamó a los legisladores a escuchar, tal como ellos en el Poder Judicial se han dedicado a escuchar a todos los sectores para conocer su visión y necesidades.
“Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión, resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada”.
Luego de la intervención de Norma Piña intervino Arturo Zaldívar, quien en estricto sentido no tenía derecho de estar ahí, puesto que no es legislador ni tampoco es miembro del Poder Judicial, pero al ser parte del equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum ahí estuvo y dedicó a Norma Piña una diatriba calcada de los discursos de AMLO.
Según él, en cuanto llegó Piña a la presidencia de la Corte, se dedicó a “destruir” lo que él había “reformado”. Aseguró que combatió la corrupción, a pesar de que abundantes testimonios señalan que operó una red de presiones ilegales en contra de jueces para que se obtuvieran fallos favorables a los intereses del presidente.
A los gritos, dijo:
“En enero de 2023 la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como figura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública el patito feo del Poder Judicial, pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México”.
Con la excepción de Lenia Batres, todos los ministros se manifestaron por una reforma judicial prudente, que no pierda de vista la carrera judicial como algo esencial y que, si se hacen elecciones, en todo caso, se haga de manera gradual.
“Cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de esa premisa: una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico”, advirtió Alfredo Ortiz Mena.
Luis María Aguilar dijo que la independencia judicial “no es derecho de los jueces”, sino del pueblo de México.
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