El nuevo titular de la Auditoría Superior de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios, fue denunciado por estar involucrado en auditorías a modo, cuya finalidad era “ayudar” a distintos gobiernos estatales a encubrir las irregularidades detectadas durante las revisiones anuales de la cuenta pública de las entidades favorecidas.
De acuerdo con un reportaje de la revista Proceso, en 2025 un alto funcionario de la ASF presentó una denuncia ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) del órgano fiscalizador para dar cuenta de las anomalías que se cometían en el área de la ASF encabezada por Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial de Gasto Federalizado, la cual tiene como función la vigilancia del gasto de los recursos federales que se otorgan a los gobiernos estatales y municipales.
El denunciante, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, detalló que los gobiernos estatales negociaban directamente con Barriga Delgado; el entonces director de Gasto Federalizado, Aureliano Hernández y David Isaac Ortiz, secretario técnico, para que no se les emitiera un pliego de observaciones sobre las irregularidades detectadas en la revisión de las cuenta pública, que les fija formas y plazos para solventarlas, sino que los casos quedaban únicamente en requerimientos de información, que las entidades federativas entregaban de manera selectiva; la consecuencia, es que los auditores se veían obligados a justificar montos millonarios sin contar con elementos necesarios para ello.
Entre los casos detallados en el reportaje destaca el del gobierno de Nuevo León, a cargo del emecista Samuel García Sepúlveda. En una revisión de 62 contratos correspondientes a la cuenta pública 2023, que se pagaron con recursos federales, se encontraron diversas irregularidades como falta de documentación probatoria de la ejecución de los recursos y del cumplimiento cabal de los contratos, lo cual configuraba un daño al erario por más de 192 millones de pesos.
Una situación similar se dio en el gobierno de Morelos, encabezado por la morenista Margarita González Saravia; una revisión de contratos pagados con recursos federales en los Servicios de Salud, arrojó un daño patrimonial superior a los mil 151 millones de pesos.
En ambos casos, en lugar de determinar un pliego de observación y de presumir un daño a la hacienda, el reporte de la ASF sólo emitió una “solicitud de aclaración” mediante la cual se conminaba a los gobiernos involucrados a “aportar más información”, una acción que, si bien está permitida en la normativa del ente fiscalizador, solo se aplica para casos excepcionales y por montos menores.
En la investigación periodística se indica que la denuncia presentada por el alto funcionario de la ASF fue recibida por personal de la UEC, el cuerpo técnico de la Cámara de Diputados que supervisa al ente fiscalizador, pero fue archivada de inmediato y hasta la fecha se desconoce el curso que lleva.
Lo manifestado en la denuncia coincide con los testimonios de otros exaltos funcionarios de la ASF, quienes coincidieron en que, durante los más siete años de gestión de David Colmenares Páramo, el ente fiscalizador se ha convertido en encubridor de irregularidades, no solo de gobiernos estatales, sino también a nivel federal.
Cabe recordar que, antes de que Aureliano Hernández fuera designado como nuevo responsable de la ASF, la plataforma Latinus dio a conocer que es hijo de Fernando Aureliano Hernández, quien fuera secretario particular de Claudia Sheinbaum, en su último año de gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de México y que, según las negociaciones que se construyeron entre los legisladores, éstas apuntaban a que él sería el elegido para sustituir a David Colmenares.
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