La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) solicitó al Gobierno de Veracruz declarar la alerta de género por agravio comparado en el estado.
En conferencia de prensa, la organización explicó que esta figura refiere que las autoridades criminalizan a las mujeres al tipificar el aborto como un delito y al no otorgar las condiciones necesarias para practicar el proceso en los casos que marca la ley.
Actualmente en Veracruz existe una ley antiaborto que impide a las mujeres interrumpir legalmente su embarazo, a menos que sea por violación y siempre y cuando este ilícito esté corroborado por tres médicos y la autoridad judicial, según la normativa que aprobó el exgobernador Javier Duarte.
El informe que presentó CDD para solicitar la emisión de la alerta de género señala que no hay cifras oficiales sobre maternidad e interrupciones legales del embarazo, y los únicos datos con los que cuentan son por parte de organizaciones civiles o instancias no gubernamentales.
Según datos de la OCDE citados por la organización, México ocupa el primer lugar de la región en embarazo adolescente, mientras que Veracruz ocupa el segundo lugar como el estado con mayor número de embarazos en menores de edad (la mayoría producto de una violación).
Asimismo, refirieron que de acuerdo con sus bases de datos, hasta el momento hay 18 mujeres en Veracruz procesadas por abortar, acusadas de homicidio, entre 2009 y 2016. Incluso, mencionaron un caso en el que una mujer fue procesada por este delito a pesar de que su embarazo fue producto de una violación.
“Las mujeres no deben ser sometidas a la criminalizacion (…) se les criminaliza así sea por violación, se duda de su palabra, esto pone en riesgo la vida de las mujeres”, expuso María de la Luz Estrada, coordinadora del área de Violencia de Género de CDD.
De la Luz explicó que el gobierno veracruzano tiene seis meses para dar una respuesta, aunque hay casos en el que una vez pasado el tiempo no se hace nada. Por ello, pidieron a la Secretaría de Gobernación instalar una mesa de vigilancia para cuidar que se cumplan las recomendaciones específicas realizadas por la ONG.
mahy