Las malas actuaciones de los cuerpos de seguridad y las descalificaciones de las protestas del pasado 28 de septiembre por parte de las autoridades, entre ellas la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, fueron condenadas por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), la Red Rompe el Miedo (RRM) y Comunicación e Información de la Mujer A. C. (CIMAC).
Después de las movilizaciones del pasado 28 de septiembre en el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, en el que en la capital del país fueron detenidas cientos de mujeres en su camino al Zócalo por la policía, por lo hubo enfrentamientos, esas organizaciones reprobaron lo que denominaron “descalificaciones estigmatizantes y criminalizantes” de funcionarios como Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las que “reflejan una falta de voluntad política para atender las causas que llevaron a la apropiación del espacio cívico”.
Sobre las actuaciones de los cuerpos policiales, las organizaciones, además de condenarlas, señalaron que “contravinieron los estándares internacionales de derechos humanos y muestran un grave desconocimiento sobre los ordenamientos legales que reglamentan el actuar de las fuerzas de seguridad en contextos de protesta y manifestación”.
Las organizaciones destacan el encapsulamiento arbitrario y prolongado al que fueron sometidas las manifestantes, la presencia de policías hombres y el uso indebido de extinguidores y gases lacrimógeno y pimienta.
Otras anomalías en la actuación de la policía que registraron fueron que no estaban a una distancia suficiente para intervenir en caso de riesgos s la integridad de las personas, ni tampoco para no se intimidatoria. Además, las pertenencias de las manifestantes fueron revisadas sin sustento legal, y en la revisión las mujeres sufrieron acosos y tocamientos de policías hombres.
El FLEPS, la RRM y CIMAC también hicieron referencia a las declaraciones de Sheinbaum en las que señaló a un par de personas como financiadoras de la ocupación de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el centro de la Ciudad de México, en lo que llamaron que es una práctica llamada doxing, una forma de violencia digital que, mediante la difusión de la identidad de una persona u organización, se intimida y amenaza.
Al respecto, las organizaciones señalan que “resulta grave y condenable que las autoridades empleen el doxing para señalar y poner en riesgo la integridad de activistas, quienes al ser expuestas al escrutinio público, pueden convertirse en blancos de ataques”.
Al respecto, también consideraron “delicado” que Sheinbaum convocara a los medios de comunicación a investigar los vínculos entre las personas que identificó y quienes mantienen tomada las instalaciones de la CNDH, e insistieron: “Estas declaraciones conllevan un mensaje amedrentador e inhibidor de la libertad de expresión y de protesta, lo que es incompatible con los principios de pluralismo y tolerancia, propios de las sociedades democráticas”.
También alegaron que las mujeres pueden embozarse en un contexto de riesgo, como protestas por razones legítimas y no delictivas, “como el miedo a las represalias”.
Las ONG también denunciaron abusos cometidas contra mujeres manifestantes y periodistas en las movilizaciones realizadas en Xalapa, Veracruz, y en Tijuana, Baja California.
Por lo anterior, las organizaciones solicitaron a la jefa de Gobierno abstenerse de criminalizar y deslegitimar el derecho a la protesta, presentar un informe de la actuación de la policía y apegarse a los protocolos sobre manifestaciones.
Por su parte, el Frente Ni Una Más, que mantiene ocupadas las oficinas de la CNDH, denunció una campaña de desprestigio y para dividir a las organizaciones feministas y de víctimas de la violencia, la que proviene de todos los niveles de gobierno.
Al respecto recordó las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre la persona que financiaba la ocupación de la CNDH, además de las del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó a grupos feministas como “conservadoras”, y por las que incluso analizan la posibilidad de retirarse de las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación.
También exigen la remoción de la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Téllez, quien acusó a colectivos de apoyo a víctimas de beneficiarse económicamente.
