La Oficina en México del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hace diversos señalamientos sobre el acuerdo que el pasado lunes implicó a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Por ello solicita una revisión para que se garantice el respeto a los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos.
La ONU-DH destaca que el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación, no considera información ni disposiciones “que permitan evaluar su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en la materia”.
Lo anterior, pese a que la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública está prevista en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional.
También reconoce diversos retos de seguridad que enfrenta el país, como el crimen organizado. Pero también aclara que la ONU ha manifestado que la intervención de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública debe ser de acuerdo con “criterios de estricta excepcionalidad y ser el último recurso, asegurando el carácter civil de las corporaciones de seguridad”.
Como antecedente la ONU-DH recuerda que la estrategia de seguridad implantada en 2006 “ha evidenciado su disfuncionalidad para reducir la violencia e incrementado las violaciones de derechos humanos”.
La Oficina también hace señalamientos puntuales sobre el acuerdo: es insuficiente sólo aludir al carácter extraordinario de la militarización sin informar de la necesidad y excepcionalidad de la medida; no se explica el plan de fortalecimiento de la Guardia Nacional, además de que las Fuerzas Armadas no estarán supeditadas a autoridades civiles, sino que sólo se habla de una relación de coordinación.
Advierte también que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en las etapas iniciales de la investigación del delito, con lo que podrían invadir las competencias de las instituciones policiales, lo que puede “afectar su naturaleza civil y trastocar el debido proceso”.
En un comunicado, la ONU-DH también señala la insuficiencia de la participación civil en la supervisión de la labor de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, ya que el acuerdo establece que será realizada por el órgano interno de control que corresponda a cada una de ellas. Esto no sólo incumple con el control civil de su actuación, sino que “no honra los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir el actuar de todas las corporaciones de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas”.
Debido a lo anterior la ONU-DH solicita que el acuerdo sea revisado para que sean garantizados los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos, además de que se fortalezcan los cuerpos civiles de seguridad pública y se diseñe la ruta para retirar a las Fuerzas Armadas de esas tareas.
Por su parte, ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también señaló insuficiencias en el acuerdo, como la determinación de los términos “extraordinaria”, fiscalizada”, “subordinada” y “complementaria”, por lo que se falta al principio de certeza jurídica e implica una indefinición que implica riesgos para los derechos humanos.
Eso preocupa a la CNDH ya que “podría establecerse un esquema permanente de participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, hecho que es contrario a nuestra Constitución y dentro de ella, a las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano en la materia”.
También señala que el acuerdo no presenta los elementos necesarios para garantizar que la intervención de las Fuerzas Armadas será excepcional, temporal y estrictamente restringida a lo necesario, además de que no se especifica que su participación será subordinada y complementaria a las labores civiles de seguridad ni tampoco se garantiza el respeto de los derechos humanos.
El organismo se pronuncia también por la fiscalización de la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública tanto por el Congreso como por la sociedad, incluida la CNDH.
Por último, la CNDH pone atención en la formación de las Fuerzas Armadas en materia de respeto y protección de los derechos humanos.
