Tras la decisión de la Junta de Gobierno de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano de suspender actividades de la empresa para respetar el derecho de huelga de los trabajadores, Gabriel Torres, presidente del Consejo Editorial Consultivo (CEC), manifestó su satisfacción; sin embargo, reclamó que no se haya incluido en la orden del día el tema de las agresiones en redes sociales a periodistas y extrabajadores de Notimex.
En declaraciones a Aristegui Noticias, el presidente del CEC, Gabriel Torres, consideró que con la decisión de la Junta se hicieron valer los derechos de los trabajadores del Sindicato único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex).
Sin embargo Torres denunció, mediante su cuenta de Twitter, que Víctor Fernández Peña, director jurídico de Notimex y secretario de la Junta de Gobierno, negó la solicitud que él y otro vocal hicieron para que en el orden del día de la reunión de ayer fuera incluido el asunto de los ataques digitales contra periodistas hechos con recursos públicos de Notimex. Fernández Peña se los negó el mismo día de la sesión.
Por lo anterior Torres dijo que esperan que el nuevo presidente de la Junta de Gobierno de Notimex considere el tema para la sesión que se realizará el próximo 18 de junio.
Asimismo, se informa que en la reunión de ayer fue elegido el nuevo presidente de la Junta de Gobierno de Notimex, cargo que recayó en Roberto Velasco, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores en ese órgano directivo.
Por otra parte, en la cuenta de Twitter la última publicación publicada en la medianoche fue un especial titulado “Enrique Peña Nieto cada vez más cerca del caso Odebrecht”.
Al mismo tiempo, antes de la orden de suspensión de labores hecha por su Junta de Gobierno, los directivos de Notimex anunciaron que, debido a que Aristegui Noticias no le ha dado derecho de réplica, acudirá a tribunales para exigirlo.
Fernández Peña dijo, en un comunicado de la agencia, han enviado “tres derechos de réplica a la titular de Aristegui Noticias, pero no nos ha contestado ninguna y tampoco nos ha publicado esas cartas, cabe señalar que ese es un derecho constitucional que tenemos los mexicanos, para dar nuestro punto de vista”.
Por lo anterior, el director jurídico de Notimex advirtió que “al no publicar nuestros derechos de réplica se está violando la Constitución, nuestra Carta Magna y eso no es cualquier cosa por lo que acudiremos a los tribunales para defender ese derecho”.
Añadió: “El equilibrio informativo es parte fundamental del periodismo, pero en este caso la conductora solo se ha dedicado a atacar desde hace 26 días y resulta impresionante el número de notas y vídeos que ha subido a su portal www.aristeguinoticias.com”.
Así, según el abogado, Aristegui Noticias “violó el Artículo 6 de la Constitución el cual señala: Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
En su cuenta de Twitter la agencia colocó ayer el siguiente mensaje: “Ante la campaña de @AristeguiOnline contra la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, la dirección jurídica de Notimex asegura que la conductora incurre en violaciones a la Constitución al no respetar el derecho de réplica”.
Aristegui Noticias respondió: “Hasta el momento, Aristegui Noticias ha recibido solamente dos solicitudes. Este medio no ha sido notificado de una tercera. Además, las solicitudes enviadas a este medio no vienen acompañadas de un poder notarial que acredite a Víctor Fernández Peña, quien firma los oficios como director jurídico de la agencia noticiosa”.
Sobre la comunicación de Notimex, Artículo 19 comentó lo siguiente en Twitter: “ARTICLE 19 reprueba el uso de la ley como un arma en contra del periodismo crítico de @AristeguiOnline y reitera su exigencia al @GobiernoMX de investigar exhaustiva y objetivamente sobre el uso de recursos públicos por parte de @Notimex para amedrentar y hostigar periodistas”.
Además, consideró que “el uso de la ley de réplica para criminalizar la critica por parte de una agencia del Estado tiene la clara intención de inhibir el debate público y enviar un mensaje amedrentador para cualquier persona que ejerza un escrutinio sobre las mismas”.
