Periodistas, defensores de derechos humanos y activistas exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar una investigación independiente por el espionaje del que fueron víctimas, según una investigación del diario The New York Times.
De acuerdo con el rotativo estadounidense, al menos 13 comunicadores y activistas (especializados en temas de corrupción y violaciones a derechos humanos) fueron espiados con el software Pegasus, mismo que sólo puede ser adquirido por gobiernos para el combate al terrorismo.
De acuerdo con los reportes difundidos (los cuales incluyen entrevistas con los creadores del software), estos dispositivos sirven para tener acceso a prácticamente cualquier tipo de información que se maneje en un dispositivo móvil (mensajes, fotos, historiales, llamadas) al grado de que el teléfono se convierte en una especie de micrófono para el espía.
La forma en la que se infecta el dispositivo es a través de un mensaje de texto con un link, el cual incluye desde información personal y profesional para llevar a la víctima a dar click en el enlace e iniciar el espionaje.
Al respecto, en conferencia de prensa, parte de los comunicadores y activistas afectados exigieron a la PGR que se inicie una investigación independiente para dar a conocer quiénes son los responsables la acción (el cual incluye el teléfono del hijo de Carmen Aristegui, de 16 años).
“Estos nuevos casos no son aislados, sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento. Exigimos rendición de cuentas por parte del gobierno mexicnao sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciiones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables”, declaró Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19.
Entre las personas que fueron afectadas por el software está Carmen Aristegui, por el tema de la Casa Blanca de Peña Nieto, así como su hijo; el periodista Carlos Loret de Mola, por su trabajo relacionado a las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato; Mario Patrón, abogado del Centro ProDH, involucrado en el caso Ayotzinapa y Tlatlaya, y Juan Pardinas, miembro del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y principal impulsor de la ley 3de3.
(Con información de Reforma)
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