Según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no tenía conocimiento que en su administración se tuvieran contrataciones por outsourcing, por lo tanto, dijo no saber cuántos trabajadores están bajo esta figura ni cuanto presupuesto se paga en ellos. Sin embargo, advirtió que de existir dichos contratos, serán eliminados.
A decir del mandatario, no sería coherente mandar una iniciativa al Congreso para terminar con esta práctica si en el gobierno persiste, por ello insistió en que cualquier contrato de este tipo desaparecerá; consideró que el gobierno no debería tener mayor problema para regularizar sus contrataciones de personal, puesto que no se necesitan intermediarios.
“Todo lo que pueda existir de subcontratación se termina en el gobierno, o no podría mandar una iniciativa…no creo que haya ningún problema para la regularización, no tenemos por qué tener intermediarios”, manifestó.
Sin precisar plazos ni costos, el presidente afirmó que su administración ha comenzado a basificar a distintos grupos de trabajadores que están subcontratados, o están por honorarios y lo va a seguir haciendo. Aun cuando admitió que la iniciativa en materia de outsourcing que envió al Congreso, está enfocada principalmente al sector privado, también puede aplicarse al gobierno, puesto que el objetivo es proteger a todos los trabajadores.
“Tengo el compromiso de basificar a los trabajadores de la salud que están por honorarios, que están trabajando de eventuales, pero no es que se va a impedir la subcontratación sólo en el sector privado, también en el sector público. Es para todos. Pero es en beneficio de los trabajadores y además también en beneficio de la hacienda pública y del Seguro Social y del Infonavit, pero al final de cuentas en beneficio del trabajador”, anotó.
López Obrador se dijo abierto al diálogo con los empresarios sobre este tema, aunque advirtió que les dejará en claro que no se hará “cómplice” de una práctica ilegal como el outsourcing que priva de muchos de sus derechos a la clase trabajadora y en lo que corresponde a las dependencias que pertenecen al Poder Ejecutivo, deberá terminarse. Adujo que si el Legislativo decide tener contratos bajo esa figura, es su decisión porque se trata de un poder independiente. No obstante, confió en que aprueben el proyecto que envió para poner fin a la subcontratación y que todos “se porten bien”.
“Y sí me han visto representantes de los empresarios y les he comentado que vamos a hablar sobre el tema; pero aprovecho también para mandarles a decir que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores. No soy encubridor, ya para que mejor desistan. Si el Congreso, si los diputados quieren que se mantenga la subcontratación son libres, es un poder independiente, pero el Ejecutivo no quiere que existan estos mecanismos que afectan a los trabajadores, o sea, sabiendo, porque si no tuviésemos los datos, porque esto es de sentido común, es juicio práctico…. todos a portarnos bien, todos a cumplir con nuestra responsabilidad”, manifestó.
A finales de octubre, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló en una investigación que en los dos primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han pagado alrededor de 5 mil millones de pesos en más de 50 contratos que diferentes dependencias del gobierno federal han otorgado a empresas de outsourcing. Es el Banco del Bienestar, la dependencia que más ha recurrido a esta práctica al suscribir contratos de este tipo por 870 millones entre el 2019 y 2020.
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