La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició una investigación interna para encontrar a los funcionarios responsables de filtrar a la prensa información sobre la investigación que se realizad por el multihomicidio de la Narvarte, donde murieron cinco personas, entre ellas, el fotoperiodista de Proceso Rubén Espinosa.
En el documento FSP/B/T2/2258/15-08, suscrito a la Fiscalía para Servidores Públicos, contiene las declaraciones de varios funcionarios de la procuraduría que son investigados por filtrar información confidencial a la prensa.
Entre los datos filtrados se encuentran las fotos de la escena del crimen y de los cuerpos de las víctimas, así como las declaraciones del único detenido por el caso, Daniel Gutiérrez Pacheco y parte de las pruebas toxicológicas.
La filtración de información está penada en el Código Penal del Distrito Federal, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Las penas por este ilícito varían entre los códigos. En algunos casos, las penas pueden ir de dos a siete años de prisión, 25 a 250 días de multa, o la destitución del funcionario así como la inhabilitación para ocupar algún cargo público.
Fuentes consultadas por El Financiero dijeron que “es claro que la responsabilidad es de quien entregó a los periodistas la información, y por eso ya han declarado decenas de personas, se irá al fondo hasta donde tope”.
mahy
