El 21 de agosto de 2020 fueron exhibidos dos videos y un audio en los que se observa que David León Romero entrega dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, para financiar las actividades de Morena. Unos días después, cada uno por su parte, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron diversas denuncias por esos hechos. Casi 11 meses después, poco o ningún avance ha habido al respecto.
Los videos mostrados entonces mostraban la transacción realizada en 2015 entre León Romero, cercano al entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y el hermano del presidente. En una parte del video se escucha a Pío decir sobre estas entregas de recursos —que, se presume aún, no fueron reportadas ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni al Instituto Nacional Electoral (INE)— y su hermano Andrés Manuel: “Lo sabe, lo sabe perfectamente bien. Además, yo ya mandé mensaje”.
Al día siguiente, en su conferencia de prensa, el presidente justificó aquellas entregas presuntamente ilegales de recursos para él y su partido al llamarlas “aportaciones”.
En los días siguientes el PAN y el PRD presentaron sendas denuncias ante el INE y la Fiscalía General de la República por varios delitos, como financiamiento ilegal, corrupción, tráfico de influencia, peculado, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Sin embargo, casi 11 meses después los avances de las investigaciones sobre aquellos hechos poco han progresado y, fuera de la exoneración de la SHCP y los reclamos del INE a la FGR por negarle información, casi nada se ha sabido en claro del asunto.
Y no sólo ello, sino que incluso Pío López Obrador presentó en octubre de 2020 una demanda contra Carlos Loret de Mola por la divulgación de los videos, y además alegó la prescripción de los delitos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para intentar detener la investigación del INE.
En noviembre de 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP informó que en su investigación sobre el asunto no encontró indicios para configurar la triangulación de recursos ni el lavado de dinero (operación con recursos de procedencia ilícita). Entonces, en una entrevista televisiva Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad, afirmó que no se había hallado “nada significativo”. Por ello turnó su investigación concluida en exoneraciíon de Pío al INE para que investigara y resolviera si León Romero y López Obrador habían incurrido en delitos electorales.
Por parte del INE lo más destacado sobre el caso han sido las múltiples denuncias de que la FGR y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) le ha negado información sobre el caso. En febrero pasado el consejero Ciro Murayama hizo ese señalamiento tras recordar que en octubre de 2020 y en enero de este años el instituto ha solicitado la información, le ha sido negada bajo el argumento del secreto ministerial y de que no es parte del procedimiento penal.
Entonces Murayama recordó que una de las atribuciones del órgano electoral es vigilar que el origen de los recursos económicos que reciben los partidos sea lícito y transparente.
A fines de junio pasado, en un informe de la Comisión de Fiscalización del INE, se insistió sobre el tema y se enfatizó en que no le puede ser aplicado el secreto ministerial en tanto se trata de ejercer sus obligaciones constitucionales de fiscalización.
Por parte de la FGR y de la FEDE no hay novedad sobre el caso. Ambas confirmaron a Animal Político que la carpeta de investigación sobre el caso de Pío López Obrador sigue en la fase de investigación inicial, y por ello no han determinado si hubo delito.
Casi 11 meses después del caso Pío ha sido mostrado otro video en el que otro hermano del presidente recibe dinero en efectivo de parte de León Romero, por lo que políticos de varios partidos de oposición demandan a la FGR la investigación correspondiente.
