Mentiroso, ridículo, calumniador, injerencista, estigmatizante y otros adjetivos dirigieron los gobiernos de México, Cuba y Venezuela al gobierno de Estados Unidos tras la difusión del informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.
De manera casi unánime, tres países latinoamericanos gobernados por populistas autoritarios descalificaron la evaluación del informe DDHH 2022, que señala fallas y problemáticas relativas a la seguridad, la actuación de las autoridades, los derechos de las mujeres, la libertad de expresión y otros rubros.
El gobierno de Cuba, encabezado por el heredero de los Castro, Miguel Díaz Canel, dijo, a través de su canciller Bruno Rodríguez que se calumnia a su gobierno al calificarlo “Estado autoritario” y exponer la persecución política contra quienes participaron en las protestas de julio de 2021.
“Las calumnias contra Cuba del gobierno de Estados Unidos en su informe DDHH 2022 son inaceptables” y aseguró que busca “estigmatizar” a otros países a pesar de que ellos mismo tienen graves casos de abusos en materia de derechos humanos.
Según Rodríguez, la conducta de Estados Unidos es intervencionista e injerencista.
Y aunque es totalmente cierto que en Estados Unidos se registran a diario graves abusos en muchos sentidos, ello no obsta para señalar lo que ocurre en otros países. De la respuesta de los gobiernos de Cuba, México y Venezuela se desprende que lo que quieren es un pacto de silencio, en donde exigen que Estados Unidos calle, a cambio de callar también.
Por su parte, el gobierno de Venezuela rechazó el ser calificado por Estados Unidos y calificó el informe como un “ataque” a países soberanos.
Al igual que Cuba, citó diversos problemas y casos de abusos cometidos por el país norteamericano para invalidar lo que ocurre dentro de sus fronteras.
“Pretende calificar la actuación de otros gobiernos”, a pesar de que “no logra mitigar la brutalidad del racismo policial institucionalizado”.
En comunicado de prensa, el gobierno de Nicolás Maduro recordó que durante la invasión norteamericana a Irak se usaron métodos de tortura y mataron a civiles inocentes. “No deja de aplicar medidas coercitivas ilegales y unilaterales contra al menos 30 por ciento de la población mundial”, dijo.
Sin embargo, Venezuela no pudo desmentir las observaciones del informe, por más que tenga razón en las faltas cometidas por Estados Unidos.
La reacción del gobierno mexicano fue, por mucho, la más rabiosa, pues ayer martes y hoy miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador fue pródigo en insultos.
Esta mañana, dijo que el informe lo había hecho el “departamentito” de Estado. Dijo que calumnia, pues no ofrece pruebas, sino que usa expresiones como “presuntamente”, lo que, según él, demuestra que son “unos mentirosos”.
Enfatizó que en México “ya no hay masacres”, a pesar de que está muy reciente la matanza de cinco jóvenes a manos de soldados en Nuevo Laredo, tan grave que el propio subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas calificó el hecho de “ejecución”.
Quizá el presidente no tenga claro el concepto de masacre, pero lo ocurrido en Nuevo Laredo califica como tal y fue perpetrada por el Estado.
AMLO dijo que en su gobierno “el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos” y que su administración “garantiza la libertad de expresión”.
El mandatario afirma que el Estado no viola derechos humanos, pero por órdenes suyas el INAI está al borde de la parálisis y la inoperancia, lo cual atenta contra el derecho a la información. También quitó presupuesto a programas de atención a la violencia de género, lo cual atenta contra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Asimismo, atentó contra el derecho a la salud de millones de mexicanos, al retener, todo el tiempo que pudo, la aprobación de uso de emergencia de Remdesivir y su distribución por parte del sector privado, así como su uso en el sector público.
En este sentido, también lo hizo al provocar, por incompetencia y posturas ideológicas, un desabasto de medicamentos tal que no se ha resuelto en todo el sexenio.
También ha atentado contra el derecho a la educación de millones de niños, al nombrar como secretarias de Educación a dos completas ineptas para el cargo: Delfina Gómez y Leticia Ramírez, así como el autorizar que se cambien los libros de textos gratuito para conformar una educación ideologizada favorable a su gobierno.
El gobierno de AMLO también atenta contra los derechos humanos de los migrantes, al haber aceptado servir como vigilante de la frontera con Estados Unidos y permitir que funcionarios del Instituto Nacional de Migración maltraten a quienes transitan por el país.
No solo eso: este gobierno atenta contra la libertad de prensa, debido a sus diarias diatribas en contra de medios y periodistas críticos, a quienes exhibe, intimida, calumnia y acosa.
Asimismo, atenta contra el derecho a la paz y a la seguridad, al sostener una estrategia de seguridad permisiva con el crimen organizado.
AMLO aseguró que el informe solo es un intento de “meterse en la vida pública de otros países”, en lo que calificó “una violación flagrante al derecho internacional”.
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