La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior, por un transitorio que obligaría a los organismos constitucionalmente autónomos a entregar datos personales. Con esta, ya son seis las impugnaciones que acumula dicha ordenamiento.
Las otras inconformidades contra la Ley de Seguridad Interior hasta el momento presentadas son de senadores de oposición; diputados federales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); y José Juan Espinosa, presidente municipal de San Pedro Cholula, Puebla.
La titular de la CDH-CDMX, Nashieli Ramírez Hernández, acudió a la sede del máximo tribunal del país a presentar una queja, debido a que la Ley de Seguridad Interior contiene un precepto transitorio que obliga a los organismos constitucionalmente autónomos a entregar datos personales, lo que consideró que invade la competencia del organismo que preside.
“Hay una disposición sobre la obligación que tenemos de dar datos personales, cuando nosotros somos un órgano que trabaja sobre la privacidad y los datos personales de personas sujetas a proceso y de protección de sus datos, vida e integridad física, tales como los desaparecidos y gente que ha recibido tortura”, detalló.
“Presentamos esta controversia constitucional porque esos artículos invaden nuestra competencia y no nos permitirían cumplir nuestras obligaciones de protección de derechos“; asimismo, indicó, esos preceptos ponen en riesgo a las víctimas porque sus datos personales no estarían protegidos.
La queja de los senadores trata de la presunta violación de “11 artículos de la Constitución y ocho de la Convención Americana de los Derechos Humanos; estamos argumentando que no se tienen facultades en el Congreso para legislar en materia de seguridad interior, pero también estamos señalando puntualmente la violación en materia de derechos humanos y en materia de transparencia”, detalló Luis Sánchez, del PRD.
El grupo de senadores incluye a Manuel Bartlett, coordinador del Partido del Trabajo en esa cámara; Luis Sánchez y Ernesto Ruffo, del Partido Acción Nacional (PAN), quienes argumentan que con esta ley se le dan facultades “metaconstitucionales” a las Fuerzas Armadas y al Presidente. Los legisladores son acompañados también por sus colegas Angélica de la Peña, Zoé Robledo, del PRD, y la independiente Martha Tagle, insistieron que hay excesos por parte del gobierno federal respecto al tema en cuestión.
Por la CNDH, Rubén Francisco Pérez Sánchez, coordinador general de seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, acudió también a la SCJN al considerar que ésta vulnera derechos y libertades básicas.
La primera controversia constitucional fue del alcalde de San Pedro Cholula, Puebla, quien argumenta que la ley afecta la autonomía del municipio. Posteriormente, el edil denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) canceló el convenio que tenía para tareas de vigilancia y fueron retirados los elementos castrenses.
(Con información de El Universal y Excélsior)
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