Hasta seis meses después de que se dio a conocer que el grupo Guacamaya hackeó correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con mucha información de actividades gubernamentales, una parte de ella publicada en notas periodísticas, el Gobierno de México busca negar validez y desacreditar esos documentos, que califica de “apócrifos”, pero no los desmiente ni proporciona información sobre espionaje.
Después de que en su conferencia de prensa de este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado severamente por el reportero Mathieu Tourliere, de Proceso, acerca del trabajo de espionaje de la Sedena contra el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, esta tarde la Presidencia de la República publicó un comunicado en el que pretende explicar los trabajos de inteligencia del gobierno y, ya muy tarde, negar la validez de la información obtenida mediante hackeo por Guacamaya.
Para la Presidencia, “no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”. Y los tachó de “apócrifos”.
No sólo ello, sino que afirma que con el ciberataque fueron expuestos formatos de informes militares, de tal forma que cualquier persona puede “elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional”.
Al respecto concluye que “por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”.
Para intentar desmentir el espionaje contra Ramos, la Presidencia dice que la inteligencia que realiza sólo se dirige a la delincuencia organizada y el narcotráfico, “por lo que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada”.
Latinus dio a conocer el 29 de septiembre de 2022 que un grupo de hackers llamado Guacamaya había obtenido información de servidores de la Sedena, lo que Carlos Loret de Mola dijo que era la más grave vulneración de la ciberseguridad del gobierno mexicano porque reveló información de seguridad nacional y sobre la salud de López Obrador (en aquella ocasión reveló que había tenido una hospitalización de emergencia en enero de 2022, no negada por el propio presidente).
En las últimas semanas, basada en reportes obtenidas por ese hackeo a la Sedena, se ha dado a conocer información de que el presidente y su hijo José Ramón López Beltrán habían sido atendidos de sus infecciones de Covid-19 con Remdesivir en enero de 2021, un caro medicamento al que muy pocos tuvieron acceso en aquella etapa de la pandemia. Además, también se supo que el Ejército incluso prestó servicio doméstico a la nuera del presidente.
Pero el caso que ha despertado airadas y destempladas respuestas de López Obrador en su conferencia de prensa ha sido el del espionaje contra Ramos, que le fue planteado primero por Nayeli Roldán, de Animal Político, y este jueves por Tourliere.
En esta ocasión López Obrador volvió a decir que el espionaje que practica la Sedena no es ilegal, que más bien se trata de “inteligencia”, aunque el reportero le tuvo que aclarar el nombre del Centro Nacional de Inteligencia porque él seguía sin saberlo.
Luego intentó justificar el espionaje a las llamadas de Ramos refiriendo que este llamaba al teléfono de un presunto narcotraficante y que por eso contaban con esa comunicación (la que fue presentado por uno de los youtubers de su conferencia de prensa en términos criminalizantes contra el defensor de derechos humanos).
En su intentona por evadir la denuncia de espionaje, López Obrador dijo que el Centro Militar de Inteligencia no usa Pegasus, pero que hay otros sistemas similares. Tourliere le preguntó por qué, a cinco meses de que el presidente ordenó a la Sedena transparentar el contrato que en 2019 firmó con NSO Group, distribuidor de Pegasus, no lo ha hecho.
Entonces López Obrador dijo que daría una fecha, para inmediatamente no proporcionarla con la argucia de que “es un asunto de seguridad” y que lo tendría que analizar. Por lo dicho, en cinco meses él y la Sedena han sido incapaces de hacerlo.
Después, ante su imposibilidad de dar respuestas, López Obrador se deshizo en acusaciones y descalificaciones: contra agencias internacionales vinculadas con Claudio X. González, Carlos Loret de Mola, Proceso, Reforma, etcétera.
El presidente prometió: “Entonces, vamos a entregar hoy el informe, un boletín. No les va a satisfacer, pero lo vamos a hacer. O sea, porque ustedes traen consigna de atacarnos, como otros medios”.
Y sí, horas después Presidencia sólo publicó un boletín insuficiente e insatisfactorio que no proporciona la información que se la ha solicitado ni desmiente nada de las notas que se han publicado sobre el espionaje ilegal de su gobierno, sino que sólo busca descalificar.
Al respecto, no está de más mencionar que, en muy repetidas ocasiones, en las conferencias de prensa presidenciales se han difundido documentos sin verificar, sin sellos ni membretes, tuits trucados y videos recortados deliberadamente para tergiversar dichos y hechos.
