A lo largo de los 3 años y 6 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Presidencia de la República continuó otorgando –y ocultando– contratos a una red de “empresas fantasmas” que reciben cientos de millones de pesos para realizar eventos “oficiales” mediante la modalidad de adjudicación directa, a pesar de que éstas no cuentan con empleados registrados en nómina, ni alta comercial, ni infraestructura.
De acuerdo con una amplia investigación realizada por la revista Emeequis, desde la Presidencia de la República se intenta ocultar que mantiene contratos millonarios a una red de prestanombres de empresas anómalas para eventos del mandatario, al reservar la información, siendo etiquetada como asuntos de “seguridad nacional”.
La organización de eventos como el llamado “Amlo Fest 2021”, así como otras ceremonias y producciones logísticas, fueron otorgados mediante adjudicación directa a “Kit Wear de México”, una empresa cuyos accionistas están ligados a un entramado familiar que conecta con un “checador” de horarios de la antes delegación Cuauhtémoc. Tan solo desde septiembre del año pasado a la fecha, esta red empresarial fachada –que no cuenta con infraestructura, personal, equipo, domicilio comercial, ni reconocimiento en su gremio– recibió 74 millones 494 mil 798 pesos por prestar supuestos servicios que, en realidad, organiza personal Presidencia.
En octubre de 2021, Emeequis publicó el reportaje “El Checador tras las Empresas Fantasma de los Eventos del Presidente”, en el que reveló cómo desde tres bodegas y dos sencillos domicilios en la popular colonia Obrera y en Iztapalapa, en la Ciudad de México, se hilan las conexiones de una historia de supuesta “prosperidad” entre una familia y amistades que, sin experiencia, infraestructura, ni un local, ganaron contratos hasta el momento de esa publicación por más de 37 millones de pesos, por supuestamente organizar eventos de AMLO, dependencias federales, Sheinbaum y Monreal. Para finales del año pasado está cifra llegó a poco más de 136 millones de pesos. La red de empresas con características de “fantasma”, en la que coinciden domicilios, direcciones electrónicas y representantes legales tenía como hilo conductor a Héctor Flores (“El Checador”) y su esposa, Aurelia Gordillo, utilizando el nombre de Yazmín Adriana Bolaños López.
A unas horas de publicado ese reportaje, el sitio Emeequis fue atacado y dejado fuera de línea por hackers especializados en agresiones cibernéticas.
El equipo de periodistas de Emeequis solicitó, posterior a ese reportaje, vía transparencia, información sobre a quién se entregaron los contratos por el AMLOFest 2021, festejo multitudinario por los tres años de López Obrador en el gobierno, pero Presidencia se opuso a entregar los documentos.
El argumento de la negativa, presentado en el oficio UAF/DGRMSG/SAI/l04/2022 el pasado 22 de marzo fue que “el contrato del que derivó la presente denuncia, contiene información sensible relacionada con los datos de identificación del proveedor del servicio, así como de su representante legal y la documentación legal inherente a la contratación respectiva de los mismos, lo cual puede poner en riesgo a dicha persona o a alguno de sus trabajadores (…) de divulgarse también podría comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”.
Pero Emeequis tuvo acceso a los documentos del contrato “Servicio integral para la organización del evento denominado mensaje a la nación 2018-2021” que muestran la firma de Edwin Gafyd Flores, hijo de Héctor Flores, como representante legal de la empresa “Kit Wear de México”, por lo que quedó demostrado que, una vez más Presidencia decidió darle millones de pesos de los mexicanos a la misma persona, sin proceso de licitación alguno, ni concurso, pero ahora intentando ocultar la información con el argumento de “seguridad nacional”.
Sobre la respuesta de Presidencia de ocultar la información, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que la intención del presidente de no proporcionar información amparado en la “seguridad nacional” no se encontraba “adecuadamente sustentada” por lo que resultó indebido que no se publicaran los contratos cumpliendo los aspectos señalados en la ley de transparencia, que incluyen específicamente la información de a quién se contrató. Presidencia esgrime “seguridad nacional” para negar el contrato.
El Instituto, mediante notificación del expediente DIT 0264/2022 del 8 de abril de este año, instruyó a la Presidencia para que cargara en los siguientes 15 días hábiles la información a la plataforma y, en su caso, la justificación de la clasificación de los datos que, a su juicio, son susceptibles de reserva.
El mismo día que presuntamente prestó el servicio del AMLOFest, el 1 de diciembre de 2021, la misma compañía obtuvo por adjudicación directa otro contrato, el número 411.213.33903.132/2021, ese por 53 millones 604 mil pesos por la Secretaría de Bienestar, por “Apoyo Logístico para la Difusión de los Programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”.
Detalles del contrato con Secretaría del Bienestar.
Desde el 8 de octubre de 2020, el presidente fue cuestionado en una mañanera sobre por qué los contratos de los eventos de Presidencia se estaban entregando a la misma persona, Yazmín Adriana Bolaños López, que nadie conocía. Ese día el mandatario contestó que no la conocía y que se investigaría el caso.
En un recorrido realizado por Emeequis por los domicilios registrados, y al revisar las declaraciones de ella en los contratos, se hizo evidente que esta persona no pertenece a ninguna cámara empresarial, no tiene empleados ante el IMSS, no tiene vehículos, ni tampoco tiene oficinas al público. Tampoco la conocen entre las empresas establecidas que se dedican a la misma actividad, según rastreó este equipo de reporteros.
Pero el caso no fue investigado: los contratos siguieron entregándose a ella, quien en realidad sería la asistente de Aurelia Gordillo. Yazmín, según registros consultados, siempre ha trabajado con el salario mínimo e incluso ha sido beneficiaria de programas de apoyo del gobierno. Su residencia se encuentra en un barrio popular de la Ciudad de México. Pero, sorprendentemente, solamente a su nombre ha recibido 69 millones 453 mil pesos en 24 contratos repartidos en la alcaldía Cuauhtémoc, Presidencia, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
En el momento que el nombre de Yazmín empezó a levantar sospechas en la prensa, Héctor y Aurelia usaron a su hijo, Edwin Gafyd Flores Gordillo para, por medio de la empresa “Kit Wear de México S.A. de C.V”, recibir otros contratos (SAE/00082/2020) del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, por 1 millón 670 mil pesos, y de la Presidencia de la República (C5-21/AD-SN-001-2021) por 3 millones de pesos.
El 1 de diciembre de 2021, el mismo día que “Kit Wear de México” prestó el servicio por el tercer aniversario de la toma de posesión de AMLO por 5 millones 318 mil pesos, Edwin Gafyd Flores Gordillo firmó el contrato 411.213.33903.132/2021 que recibió por adjudicación directa por 53 millones 604 mil pesos, otorgado por la Secretaría de Bienestar.
La liga entre Yazmín y Héctor Flores, además de ser señalada en los testimonios, está en que los domicilios que ella reportó en los contratos están a nombre del servidor público, según datos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Además, Yazmín utilizó el teléfono y el correo electrónico de Aurelia Gordillo para el registro en los documentos oficiales.
El Chofer de AMLO
La historia de cómo conoció Nico al matrimonio de Héctor Flores y Aurelia Gordillo fue revelada por dos personajes cercanos a este equipo, quienes solicitaron mantenerse en el anonimato por temor a represalias. Fotografías y documentos consultados por estos periodistas confirman la relación amistosa y comercial que se fue consumando con los años entre el comerciante de barbacoa y el equipo de AMLO.
Un domingo de 2002, Nicolás Mollinedo, “Nico”, el chofer del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó al Jardín Los Panchos, un local situado en la Colonia Obrera de la Ciudad de México, en el número 105 de la calle Manuel Caballero.
A López Obrador le gusta la barbacoa y por esa razón su chofer –y a la sazón, hombre de confianza– dedicó sus días libres a la búsqueda de los lugares que servían ese platillo para llevar a su jefe.
El propietario de la barbacoa Los Panchos era Francisco Flores, a quien le ayudaba su hijo Héctor Francisco Flores, quien además trabajaba como “checador” en la delegación –hoy alcaldía– Cuauhtémoc. El funcionario entabló amistad con Nico conforme visitaba más su comercio. Y su suerte empezó a cambiar. En ese entonces, Héctor tenía, además de la venta de barbacoa, un local con mobiliario y equipo de sonido, y a través del nombre comercial “More Music” Héctor empezó a apoyar las actividades de las campañas políticas del tabasqueño, junto con su esposa, Aurelia Gordillo.
El intercambio de favores rindió frutos a partir de la toma de posesión de López Obrador como presidente el 1 de diciembre de 2018, cuando empezó a recibir los contratos con montos millonarios, no proporcionales a los servicios prestados ni correspondientes a una empresa sin empleados registrados, activos, ni actividad comercial aparte de estos eventos.
“No mentir, no robar y no traicionar”, fueron los lineamientos sobre los cuales el presidente López Obrador basó la ética de su administración: “Una persona miente cuando tergiversa o deforma los hechos en forma deliberada, aun sabiendo que lo que expone es parcial o totalmente falso”, se lee en la página 17 de su “Guía Ética para la Transformación de México”.
En este caso, la red de personas utilizadas para recibir dinero público en millonarios contratos sin concursar ni licitar continúa siendo beneficiada pero ahora con la estrategia de Presidencia de negar y ocultar la información.
