Avanzó en el Congreso de Tamaulipas una reforma a la Constitución de la entidad por la que el gobierno del estado deberá brindar protección de por vida a ciertos funcionarios, como el gobernador y algunos secretarios, especialmente vinculados con tareas de seguridad y justicia.
En la Comisión Permanente del Congreso, por tres votos a favor (de diputados del PRI y del PAN) y dos en contra (de legisladores de Morena), fue aprobada la iniciativa del priista Florentino Sáenz Cobos, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso estatal.
La propuesta de Sáenz es añadir un párrafo al artículo 19 bis de la Constitución tamaulipeca para brindar protección de por vida a exservidores públicos, como quienes hayan ocupado los cargos de gobernador, los titulares de las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública, así como de fiscal general de Justicia.
Además, la protección incluiría a cónyuges, concubinas o concubinarios, descendientes y ascendientes en primer grado de los exfuncionarios.
El dictamen de la iniciativa dice lo siguiente: “El Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”.
Eso motivó el desacuerdo de los diputados morenistas, quienes alegaron que se debe precisar el periodo durante el cual el gobierno estatal deberá cubrir esos gastos de seguridad porque, de otra forma, se puede extender de por vida.
En respuesta, el legislador del tricolor consideró que la iniciativa de protección a exfuncionarios “no es un privilegio: es una imperante necesidad”.
El argumento para sostener la iniciativa es que quienes hayan ocupado tales cargos enfrentan riesgos a su seguridad, integridad, salud e incluso la vida por su desempeño al combatir la delincuencia, especialmente al crimen organizado y que al dejar esos puestos quedan sin protección proporcionada por el gobierno estatal.
En caso de ser aprobada por el Pleno del Congreso de Tamaulipas esta reforma beneficiará a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador, quien, paradójicamente, al inicio de su administración retiró un servicio similar a sus antecesores.
Contra García Cabeza de Vaca pesa una orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, pero cuenta con amparos que le garantizan fuero hasta que concluya su gobierno el próximo año.
Aunque fue presentada por un priista, la bancada panista está apresurada a aprobar la reforma en el Pleno del Congreso estatal porque la actual legislatura del Congreso estatal concluye el próximo 30 de septiembre, y la siguiente contará con una mayoría de Morena.
