A cuatro días de que venciera el plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es regular la publicidad gubernamental.
Con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, fue avalado el dictamen presentado por las comisiones de Gobernación y Radio, Televisión y Cinematografía, que reforma algunos incisos del artículo 134 de la Constitución y varios artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Será aplicable a los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y las entidades de la administración pública, tanto a nivel federal como de los estados de la República.
El proyecto, elaborado por las fracciones del PRI, PVEM y Nueva Alianza, confiere a la Secretaría de Gobernación y su equivalente en las entidades federativas, la atribución de regular los recursos financieros destinados a gastos en materia de comunicación social; también prestará asistencia técnica para la evaluación de las estrategias, programas y campañas de difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Raúl Aarón Pozos Lanz, la norma cumple con lo dispuesto en la resolución de la SJCN de garantizar la libertad de expresión, el derecho a una información plural, veraz y oportuna, además de criterios para un manejo transparente de los recursos asignados a este rubro.
Por su parte, la senadora independiente Martha Tagle presentó una moción suspensiva para buscar que el proyecto regresara a las comisiones dictaminadoras para una revisión más exhaustiva que derivara en algunas modificaciones para mejorarlo, pero la propuesta fue rechazada.
En la votación particular, senadores del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, presentaron diversos posicionamientos en contra de artículos concretos de la nueva ley que, según estos grupos parlamentarios no cumplen con los criterios establecidos por la SCJN y confirman el uso de la publicidad gubernamental como un mecanismo de control a los medios, además de que no regula con suficiencia la utilización de recursos públicos.
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