Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en las que culpaba a opositores del hackeo de información de periodistas que asisten a sus mañaneras fueron desmentidas por Jesús Ramírez Cuevas, su vocero, quien, con otros funcionarios, refirieron que fue un exfuncionario que no había sido dado de baja del dominio gubernamental de donde se sustrajeron los datos.
El lunes, en su conferencia de prensa, López Obrador afirmó que la filtración de los datos personales de los periodistas registrados en el Sistema de Acreditación de Presidencia se debió a un “hackeo”, muy probablemente a cargo de críticos y opositores a su gobierno, sus “bestias negras” de siempre.
“Pero ¿por qué lo hacen?, ¿por qué es el hackeo? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Es lo de todos, de López-Dóriga y de Brozo, y de Loret de Mola, y de Claudio X. González y de todo el bloque conservador”.
Negó tener “afán autoritario” y, pese a que ya había prácticamente acusado, indicó que “hay que buscar la forma, primero, de saber qué fue lo que sucedió, quién hackeó. Hoy se va a hacer un informe, se va a entregar”.
Dijo que “falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia de más especialidad en el mundo”. Y comentó que era muy probable la intervención en ello de Claudio X. González y su red de opositores.
Sin embargo, el desmentido a sus afirmaciones provino del coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, quien afirmó que el responsable de la sustracción y difusión de los datos de los periodistas fue de uno de sus exfuncionarios, no de ningún opositor.
Ramírez Cuevas fue cuestionado en una conferencia de prensa vespertina del propio lunes sobre la versión anunciada por López Obrador por la mañana, cuando prácticamente acusó a opositores, a lo que contestó que eso habría que preguntárselo a su jefe, pero que en ese momento se estaba brindando la información que existe y que sería la autoridad la que deslindaría responsabilidades por la “extracción ilegal de datos”.
En la conferencia de prensa vespertina, a cargo de cuatro funcionarios federales, entre ellos Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, se informó que el acceso no autorizado a la base de datos no fue al Sistema de Acreditación de Presidencia, sino a otro dominio que está a cargo de la Dirección General de la Coordinación de Estrategia Digital en donde se encuentra una preprogramación.
De esa sustracción ilegal, de la que resultaron afectados 263 periodistas, los funcionarios federales se dieron cuenta hasta que fue noticia en los medios informativos y redes sociales, el pasado viernes. También dijeron que ya se había notificado a los comunicadores afectados, aunque varios de los presentes reclamaron que ellos no habían recibido tal documento.
Por su parte, Carlos Emilio Calderón, el titular de la Coordinador de Estrategia Digital Nacional (de uno de cuyos dominios fue sacada la información de los periodistas), dijo que la sustracción fue realizada desde una IP de España a través de la cuenta de un usuario que ya no trabaja en el gobierno; es decir, de un exfuncionario.
Tanto Calderón como Ramírez Cuevas fueron incapaces de explicar por qué el exfuncionario no había sido dado de baja para ingresar en el dominio de donde sustrajo la información.
Ninguna palabra sobre Claudio X. González y otros opositores que mencionó López Obrador fue pronunciada por los funcionarios que estuvieron en la conferencia de prensa vespertina.
Los funcionarios afirmaron que se presentarán denuncias por lo ocurrido, y ofrecieron asesoría en el mismo sentido a los periodistas afectados que también quieran presentar la suya.
Sobre el hecho, Roberto Rock, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, señaló que es “un acto que viola la privacidad de los periodistas afectados y pone en gran riesgo su integridad”, por lo que demandó una “investigación exhaustiva” para determinar quiénes fueron los responsables y para aplicar las sanciones respectivas, además de dar seguridad a los periodistas afectados.
