La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, defendió la sobrerrepresentación de la coalición oficialista para que esta tenga mayoría calificada en la Cámara de Diputados y así pueda hacer la reforma judicial sin la participación de la oposición. Especialistas rebaten sus argucias sobre el sistema electoral.
Este miércoles la funcionaria se presentó en la conferencia de prensa presidencial, y por tercera ocasión y sin atribuciones para ello, dio a conocer la que, según el gobierno, “podría” ser la composición de la Cámara de Diputados, en una defensa de la sobrerrepresentación, que ahora enarbolan el obradorismo y la coalición oficialista, sin recordar que el combate a esa distribución fue una lucha histórica de la izquierda.
Alcalde alegó una lectura literal de un par de reglas que establece el artículo 54 constitucional: primera, que ningún partido podrá tener más de 300 diputados, y, segunda, que ningún partido podrá tener un número de diputados que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional.
Añadió que la regla mencionada es por partido y no por coaliciones, de acuerdo con la reforma al respecto hecha en 2008, como lo aprobaron el PAN, el PRI y el Partido Verde (éste ahora, como antes, aliado del oficialismo). Y recordó que así se ha hecho la distribución de los integrantes de la Cámara baja.
Por tercera ocasión desde el 2 de junio, Alcalde hizo los números que le corresponde realizar al Instituto Nacional Electoral (INE) y distribuyó diputaciones por principios de mayoría y de representación proporcional, y su total: Morena, 161 y 87, respectivamente, para 248; para el Partido del Trabajo, 38 y 12, para 50. Para el resto de los partidos dijo que, según su enunciación, no se transgrede la Constitución. Y enseñó en un gráfico la distribución según el gobierno.
Así, según sus cuentas, la coalición oficialista obtendría 373 diputados: la mayoría calificada. Quienes se oponen a sus números lo hacen “porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre; ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición.
Y dijo que habrá que escuchar a la academia y a los constitucionalistas al respecto.
Hubo respuestas de especialistas en materia electoral; por ejemplo, el politólogo José Antonio Crespo, autor del libro 2006: hablan las actas, comentó sobre lo presentado por Alcalde: “Precisamente porque no se cambió la ley sobre coaliciones, prevalece la jurisprudencia de la SCJN de 1998 (solicitada por Amlo), según la cual el reparto se hace por coaliciones no por partido”.
Crespo se refería a lo recordado el martes por Sergio Sarmiento en su columna de Reforma en contra de la sobrerrepresentación: en 1998 el PRD, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, presentó una impugnación sobre el tema ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto respectivo fue elaborado por Olga Sánchez Cordero, entonces ministra y hoy senadora por Morena, y argumentó lo siguiente: “El análisis de las disposiciones que se impugnen debe hacerse atendiendo no solo al texto literal (…) sino también al contexto de la propia norma (…) a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y al valor de pluralismo político que tutela”. Fue aprobado unánimemente en el Pleno y se convirtió en una tesis de jurisprudencia.
Otro especialista en el sistema electoral mexicano, Ciro Murayama, exconsejero del INE, también criticó la intervención de Alcalde, la que calificó como “injerencia del gobierno” porque lo que expuso en la mañana “es tarea de las autoridades electorales autónomas”. Y recordó: “La época en que Gobernación se metía en las elecciones era la del autoritarismo. Ya está de vuelta. Ni las formas cuidan”.
Al respecto, en aquellos años, finales de los ochenta y en los noventa, una de las luchas de la izquierda en la materia fue contra la llamada “cláusula de gobernabilidad”, que permitía la sobrerrepresentación del partido mayoritario para que tuviera la mitad más uno en los órganos de representación popular aunque no tuviera una votación menor. Esa cláusula la mencionó muy de pasada Alcalde, pero se guardó de decir que la izquierda había luchado contra esa forma de asignación y, por supuesto, tampoco mencionó el antecedente de 1998, en el que estuvo directamente involucrado López Obrador.
Acerca del tema, Murayama publicó este miércoles un texto en El Financiero en el que explicó cómo Morena y su coalición construyeron su sobrerrepresentación: mediante un trasvase de triunfos entre esos partidos. Así, la coalición obtuvo triunfos en 219 distritos, de los cuales en 213 Morena fue el partido más votado. Sin embargo, por el convenio de coalición sólo se le cuentan 123 distritos ganados, mientras que los otros 90 los reparte entre el PT y el PVEM. El PVEM fue el que obtuvo la mayoría de votos en seis de los distritos ganados por la coalición gobiernista.
Explica que al reconocersele sólo 162 triunfos a Morena, 123 por la coalición y 39 por sí mismo, puede recibir 85 diputaciones por representación proporcional. Ello no ocurriría si se le reconocieran todos los distritos en los que obtuvo la mayoría de votos, 253, en cuyo caso sólo recibiría cinco diputados plurinominales, mientras que el Partido Verde tendría 37 (seis de mayoría y 31 plurinominales), mientras que el PT sólo 20 de representación proporcional. En total, la coalición oficialista tendría sólo 315 diputados, 63 por ciento de la Cámara de Diputados, no la mayoría calificada.
La propuesta de Murayama es que “el INE y el Tribunal Electoral apliquen el límite constitucional de 8 por ciento a la sobrerrepresentación, sea de partido o coalición, como definió el constituyente desde 1996. Con ello, la democracia seguiría en pie”.
Sobre la intervención de Alcalde también opinó Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM: “El Gobierno Federal, a través de la titular de la SEGOB, está asumiendo facultades electorales que no le corresponden y ¿está marcando la pauta al INE y al TEPJF sobre cómo deben asignar los diputados plurinominales? ¿Se imaginan el escándalo que el presidente de México y Morena en general harían si el TEPJF -como tribunal constitucional- hiciera una reinterpretación constitucional para evitar la sobrerrepresentación del oficialismo y la subrepresentación de la oposición? Por cierto, percibo a MC muy callado ante este tema y eso que será el más perjudicado”.
