Exmandatarios iberoamericanos manifestaron su rechazo a la iniciativa de reforma al Poder Judicial de México presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador por las consecuencias que tendrá en la garantía de derechos humanos y libertades fundamentales, además de que sigue el camino de dictaduras y autoritarismos electivos.
Este martes se dio a conocer un pronunciamiento de 23 exjefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, agrupados en el grupo llamado Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en el que expresan su rechazo enérgico a la reforma judicial que atribuye “al partido oficial Morena”, más que al tabasqueño.
El documento, signado por políticos como el argentino Mauricio Macri, el ecuatoriano Lenin Moreno, el español José María Aznar y el costarricense Óscar Arias, rechazaron la intención de debilitar la independencia y autonomía de jueces, magistrados y ministros, así como la elección popular de estos cargos, “haciéndolos depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios y haciéndolos presa de una Justicia de opinión”.
Políticos como el salvadoreño Alfredo Cristiani, el colombiano Iván Duque, el chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el paraguayo Juan Carlos Wasmosy y el boliviano Carlos Mesa, entre otros, recalcaron que las consecuencias de la reforma judicial propuesta en México podrían afectar la debida garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, las que sólo pueden ser aseguradas en un Estado constitucional y democrático de derecho en el que sean efectivas la autonomía e independencia de los jueces y los equilibrios y contrapesos al poder.
En la declaración advirtieron que la reforma al Poder Judicial en México sigue “en sus propósitos los mismos experimentados bajo las dictaduras y autoritarismos electivos emergentes en América Latina, a saber, la cooptación de la Administración de Justicia para disponerla al servicio de los objetivos ideológicos, usarla para la aplicación de un derecho penal del enemigo y asegurar la reelección indefinida de los gobernantes”.
Por ello, los exmandatarios expresaron que se debe buscar el diálogo abierto y constructivo entre los actores políticos y sociales de México, y señalaron que “una reforma que implique el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial representa un atentado grave contra la democracia y la vigencia de un orden constitucional”.
Al respecto, debe señalarse que apenas este martes también el presidente López Obrador repudió cualquier diálogo con Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
IDEA es una organización que agrupa a cerca de 40 exjefes e Estado y de Gobierno que, según su propia definición, “observa y analiza los procesos y experiencias democráticos iberoamericanos; reflexiona sobre las vías y medios que permitan la instalación de la democracia allí donde no existe o su reconstitución donde se ha deteriorado, y favorecer su defensa y respeto por los gobiernos donde se encuentra radicada”.