Revisten sin duda una gran trascendencia para el Federalismo mexicano las expresiones que hiciera en días pasados el nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera. “Esté seguro que en todo lo que construyamos en consenso con su gobierno, encontrará el apoyo incondicional”, dijo el jefe de Gobierno de la Ciudad de México al presidente de la República, en el marco de la reunión en la que los mandatarios locales se reunieron para analizar, entre otros temas, el de la seguridad pública.
En su momento el presidente Peña Nieto señaló que los índices delictivos han repuntado en algunos estados a niveles semejantes a los de años pasados. Como tal, el deterioro de la seguridad es un proceso que a todos preocupa e involucra. Los gobernadores, todos, tienen el desafío de atender el compromiso con la legalidad y la tranquilidad pública. Las condiciones de algunas entidades lo vuelven considerablemente más complejo. El poder del crimen frente al del Estado se torna en algunas circunstancias crítico para las instituciones y para la convivencia civilizada. Por eso es preciso que quienes encabezan los gobiernos locales ratifiquen el compromiso para trabajar conjuntamente con las instancias federales para combatir un problema fundamental y que requiere del compromiso y la coordinación de todas las instancias de gobierno.
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