Puerto Rico es el centro de una trama criminal que ya es indagada por las autoridades de Estados Unidos. Una legislación laxa en materia bancaria y migratoria está permitiendo que el crimen organizado invierta y lave recursos.
Charles Darwin decía que no es la más fuerte ni la más inteligente de las especies la que sobrevive, sino la que es más adaptable al cambio, y en nuestros días, quien más muestras exhibe de entender esta realidad son las organizaciones criminales.
La adaptabilidad de estos grupos es incesante. Cuando se les ha cerrado el margen de maniobra en Panamá, o en República Dominicana, han emigrado a otros sitios incluso, impensables, como Puerto Rico.
Narcotraficantes, grupos subversivos, estafadores y eventualmente terroristas, estarían utilizando al Estado Libre Asociado como una “puerta trasera” para ingresar ganancias ilícitas de sus actividades en el sistema financiero internacional.
A raíz del conglomerado de documentos que se conocen como #BoricuaPapers, es que se conoció que las autoridades han detectado debilidades en los mecanismos de prevención de lavado, las zonas grises de la legislación bancaria, los estímulos fiscales y la facilidad para obtener la residencia en Puerto Rico.
No se trata sólo de una operación en la que organizaciones criminales cuentan con los servicios profesionales de economistas, contadores, abogados, actuarios y publirrelacionistas para infiltrar gobiernos y sistemas financieros, lo que indican las averiguaciones de la CIA, el FBI y el Departamento de Seguridad Interior, es que se trata de construir un paraíso fiscal y que, para lograrlo, se requiere de una gran estructura de complicidad.
El asunto que preocupa más a la inteligencia norteamericana es que no son solo los narcos mexicanos los que estarían en posibilidad de trasladar recursos, sino también las mafias internacionales que se aprovechan de este boquete.
Por eso el enfoque de las operaciones se centra en funcionarios de Puerto Rico, no sólo en bancos, en casinos, en agencias de autos de lujo y en empresas inmobiliarias, sino en el equipo del propio gobernador, el demócrata Pedro Pierluisi, y en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), a cargo de Natalia Zequeira.
Inclusive, la responsable de supervisar las actividades bancarias ha admitido que existe un serio problema de infiltración de recursos para el lavado de dinero, y que una salida podría ser la de impulsar una reforma que aumente el capital para abrir un banco, que en la actualidad es de apenas 250 mil dólares.
Pero ese es solo un aspecto, porque Puerto Rico cuenta con una serie de beneficios fiscales que hacen que la llegada de capitales sea atractiva, como la Ley de Servicios de Exportación, que busca que empresas se instalen en la isla a cambio de beneficios como pagar solo el 4% de impuesto a las sociedades o del 100% de exención a las de propiedad a la que hay que añadir la Ley de Inversionistas Individuales.
Estas medidas en principio fueron ideadas para reactivar la economía, golpeada por fenómenos naturales (huracanes) y por administraciones poco eficientes, pero ahora las autoridades sospechan que podría tratarse de disposiciones alentadas por la propia criminalidad, en un escenario bastante complejo y elaborado.
Eje Central publicó un amplio reportaje en base a documentos provenientes del Guacamaya Leaks, en los que integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron una disección de cómo operan las redes criminales en Latinoamérica, sus nexos con la política y las diversas complicidades que permiten el funcionamiento de los mercados ilegales.
Poner los focos en Puerto Rico tiene sentido, sobre todo si se advierte que la segunda minoría de ciudadanos residentes es justamente de mexicanos.
En noviembre próximo, Puerto Rico definirá entre tres opciones su estatus político. Mantenerse como estado libre asociado, como nación independiente o la anexión total a Estados Unidos.
Lo que el #BoricuaPapers revela es que los criminales que usan a Puerto Rico como su paraíso fiscal promoverían cualquiera de las dos opciones, menos que se conviertan en el estado 51 de la Unión Americana.
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