“Te voy a agarrar de la mano. Si te sientes mal, me avisas”, le dijo un comandante de la Policía Federal al señor Eduardo Arias. Era la una de la mañana del 20 de septiembre de 2017. Arias llevaba 14 horas a las puertas del Colegio Rébsamen esperando noticias de su hija Alexandra.
Frente a las ruinas del colegio, un padre de familia le había dicho esa tarde: “Gracias a Alexandra, mi hijo está vivo”.
Alexandra cursaba el segundo año de secundaria. Cuando el terremoto de aquel día cimbró el colegio, Alexandra logró poner a salvo a cinco niños. Regresó por el sexto y no volvió.
El señor Arias tenía esperanza de que su hija estuviera con vida bajo los escombros. Cuando el comandante le dijo aquello, supo que no había nada que esperar. Atravesó el patio como un sonámbulo. Había cuatro o cinco cuerpos cubiertos con sábanas teñidas de sangre. El de Alexandra era el último. Estaba abrazando a un niño pequeño. Su padre la reconoció por el rosario que llevaba encima.
Esa madrugada, en Fiscalía número 2, le pidieron 3,500 pesos para no hacerle la autopsia a Alexandra: “Con eso te llevas a tu niña”.
Aquella mañana, el señor Jorge Alejandro Jurado dejó a su hija Paola a las puertas del Rébsamen. Se iba a llevar a cabo un simulacro de sismo, así que le pidió que obedeciera a su maestra.
Ignoraba que la ruta de evacuación marcada por el Programa Interno de Protección Civil pasaba bajo un edificio en el que se había llevado a cabo una construcción absolutamente irregular.
El señor Jurado no lo sabía. Ninguno de los padres del Rébsamen lo sabía. Ignoraban que el uso de suelo de tres de los predios en los que el colegio fue construido era de tipo habitacional: la escuela carecía de permiso para operar como primaria y secundaria.
Ignoraban que en el colegio se habían levantado ilegalmente más de tres niveles y que desde el 13 de agosto de 2010 se había emitido una resolución administrativa que determinaba la clausura y demolición de la obra.
En el largo historial del Rébsamen había varias órdenes de clausura total (2011, 2014). Y, sin embargo, éstas nunca fueron cumplidas. Por el contrario, sin que exista evidencia de que las irregularidades fueran subsanadas, en la delegación Tlalpan se archivó el expediente como asunto concluido el 9 de diciembre de 2014.
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