El reportero Héctor Valdez se marchó de su pueblo en el sur de México para huir de una fecha: el 10 de mayo, el día en que lo iban a asesinar. “Si me hubiese quedado allí, ya me habrían matado y no habría pasado nada”, cuenta este periodista, refugiado desde hace unos meses en Ciudad de México. Un sentimiento de impotencia común en el país. A ocho meses del comienzo del nuevo Gobierno, nueve informadores han sido asesinados en medio de un clima de hostigamiento que no tiene visos de que vaya a disiparse.
El día antes de su partida, Valdez, de 54 años, había cubierto el tercer tiroteo de la jornada en Tulum, el pueblo caribeño donde vivía, en el turístico Estado de Quintana Roo. Tras grabar un vídeo con el móvil, se dirigió al coche para subirlo a su portal de noticias Tulum en red. Hacía un calor sofocante y dejó la puerta abierta. “De pronto, pasa un tipo caminando, común y corriente, se me queda mirando y me dice: ‘¡Tú te vas a morir mañana, chingada!”, recuerda. A la mañana siguiente, Valdez se marchó con una maleta y tres mudas de ropa.
La ola de asesinatos que vive México desde hace más de una década ha dejado un rastro de violencia contra los periodistas: 3.594 agresiones y 95 asesinatos desde finales de 2006 hasta 2018, según el registro de la ONG Artículo 19. La tendencia no se ha frenado en los primeros meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los asesinatos, nueve en apenas ocho meses, van camino de batir un récord desde que Artículo 19 empezó a contarlos en el año 2000.
Los últimos días de julio y primeros de agosto fueron fatídicos. El martes 30 de julio, encontraron el cuerpo del director de un medio en el maletero de un coche. Ese mismo día, un grupo de encapuchados atacó con bombas molotov a un diario local de Chihuahua, al norte del país. Y el viernes 2 de agosto murieron tiroteados otros dos reporteros.
El perfil de las víctimas se repite: informadores de medios locales que cubren nota roja, como se conoce en México a las noticias de crímenes. A menudo provocan campañas de acoso y derribo en su contra, sobre todo cuando tocan temas de corrupción. Jorge Ruiz, uno de los reporteros asesinados el 2 de agosto, había denunciado ataques a su domicilio tras publicar artículos críticos con la gestión del Ayuntamiento de Actopan, una localidad de 40.000 habitantes en Veracruz, al este del país.
Valdez tiene una historia parecida. En mayo asistió a una de las ruedas de prensa diarias del presidente López Obrador para pedirle protección. Denunció amenazas y criticó a las autoridades locales. Varios funcionarios de Tulum cargaron contra él. “El saraguato si no se protege pronto se va a extinguir”, escribió el director general de obras públicas de la localidad en su cuenta de Facebook. El saraguato, el apodo que utilizan sus detractores para referirse a él, es un mono aullador de la región, en peligro por la deforestación. Una comparación preocupante.
Frente a los abusos, las entidades encargadas de proteger a los periodistas amenazados carecen de presupuesto, personal y capacitación, según las organizaciones de la sociedad civil. “México cuenta con instituciones, pero las cifras siguen siendo comparables a las de zonas de guerra”, asegura el representante en México de la ONG Comité para Proteger a Periodistas Jan-Albert Hootsen.
Según la organización internacional Reporteros sin Fronteras, Siria es el país que más asesinatos acumula en los últimos años, aunque en 2018 fue Afganistán el más mortífero: 14 periodistas y dos colaboradores asesinados. México, entre los países en paz, es el más peligroso para estos profesionales.
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