Los menores de 14 años que han delinquido en México poseen un pasado común. Tienen un historial de abuso, crecieron en un entorno marcado por alcohol y drogas.
Edgar Jiménez, El Ponchis. Cómo olvidarlo. Nació con cocaína en la sangre: sus padres fueron recluidos en una cárcel de San Diego y la custodia quedó en manos de su abuela.
Pero ella murió en 2004 y El Ponchis fue a parar a manos de una tía, quien lo llevó a vivir a un pequeño departamento en Cuernavaca. Ahí, El Ponchis compartió recámara con un primo que había sido expulsado por cuarta vez de la escuela.
Un maestro de educación física recordó a El Ponchis como un niño “marcado por el abandono”. Ni siquiera llegó a tercero de primaria. A los once años fue detenido en el asalto a un negocio. Lo liberaron a causa de su edad y entonces uno de los capos del Cártel del Pacífico Sur, a quien apodaban El Negro Radilla, lo cooptó al salir de prisión. El Negro se convirtió en su padre, su maestro, su modelo, su mentor.
Nadie vio venir lo que estaba ocurriendo con El Ponchis y con otros cientos, tal vez miles de niños más.
El Negro Radilla le dio un entrenamiento “militar” y le dio también un sueldo: 2,500 pesos a la semana. Y luego le encargó las cosas más indecibles del mundo: torturar, descuartizar. El Ponchis fue acusado de sacar los cadáveres de las casas de seguridad para colgarlos de cabeza en los puentes.
A los 14 años, estaba acusado de asesinar a nueve personas. Sus cómplices aseguraron “que eran muchas más”. Él confesó que era el encargado de degollar a los rivales del cártel. Relató que a un hombre le había sacado el cerebro, y luego había puesto en su lugar una masa de carne molida.
—Yo nada más los degollo (sic), nunca fui a colgarlos a los puentes —se defendió.
Ya hace cinco años de todo aquello. Y no sé cuántos desde que los niños de este país quedaron más que nunca expuestos al poder de cooptación de la delincuencia organizada.
Reviso un informe de la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob; contiene datos del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, una herramienta de política pública “por la que el gobierno busca prevenir que los niños sean cooptados por el crimen organizado”.
Ese informe revela que el crimen organizado ha buscado reclutar menores “de apariencia poco amenazante” y con una edad de responsabilidad criminal “que los vuelve útiles en las labores de vigilancia, sicariato, cultivo de drogas y explotación sexual”.
