La presencia del Ejército en acciones de seguridad pública ha sido la respuesta institucional a la insuficiencia de las policías bajo mando civil. El de la inseguridad es un problema añejo, que se ha agravado frente a la incapacidad del sistema para hacer frente a la delincuencia común y a la delincuencia organizada, especialmente la relacionada con el tráfico de drogas. Los eventos recientes en Puebla, en los que perecieron soldados y delincuentes, así como la revelación en video de la ejecución de uno de los presuntos transgresores de la ley a manos de un militar, abren espacio a la polémica sobre la actuación de las fuerzas armadas en tareas que debieran realizar las policías.
Es lamentable generalizar el juicio al Ejército por un incidente que resulta a la vez lamentable e injustificable. Pero tampoco puede eludirse el riesgo implícito cuando a personal adiestrado para realizar tareas asociadas a la milicia se le utiliza para tareas de carácter policiaco. De inicio debe quedar claro que el problema no es del Ejército o de la Marina, sino del sistema en su incapacidad para contar con policías confiables, profesionales y suficientes para hacer las tareas de vigilancia, prevención y persecución de los delitos.
La Secretaría de la Defensa Nacional, desde el principio, ha dejado en claro que se realizarán las investigaciones del caso y que el responsable enfrentará a la justicia por el incumplimiento del protocolo y los procedimientos de actuación. Lo realizado por el soldado fue por su cuenta, no atiende a una instrucción superior o a un patrón de conducta promovido o tolerado. Sin embargo, evidentemente que sí es un caso para entender un poco el entorno de los eventos y la presión a la que están sujetos los soldados en el momento de ese tipo de operaciones en las que ellos mismos o sus compañeros pueden resultar heridos o muertos.
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