El gobierno federal teme que la CNTE obstaculice las elecciones para generar una pésima imagen
El viernes por la tarde, en un comunicado de tres rengloncitos, el actual gobierno federal anunció que se disponía a violar la Constitución. Con apenas 33 palabras, desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) se reveló que la evaluación de maestros se posponía indefinidamente. El argumento: “nuevos elementos a considerar”. Lo que esto quiera decir.
El examen a maestros es una parte fundamental de la reforma educativa. Tanto, que quedó como obligación en la Constitución. Por décadas un profesor era contratado por sus “palancas” con sindicatos o gobiernos, en lugar de por sus méritos demostrados -por ejemplo- en una evaluación. El objetivo del examen es que los mejores den clases a los niños mexicanos.
Desde que el Congreso dio luz verde a ese examen, los “maestros” (comillas a propósito) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) estuvieron en contra de la medida. Ellos quieren seguir asignando las plazas por méritos políticos, que éstas se puedan heredar y que no se les despida aún cuando no vayan a dar clases.
Con esas banderas, en las que el abuso hace frontera con el delito, han protagonizado movilizaciones, paralizado Oaxaca y el DF, dejado a millones de niños sin clases y causado graves pérdidas económicas. En cambio, las finanzas que no padecen son las de la propia CNTE: siguen recibiendo dinero de los gobiernos federal y de Oaxaca. Calculan que así los mantienen tranquilos.
