La justicia federal absolvió a la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo. Al hacerlo la volvió, retrospectivamente, una presa política.
La absolución judicial significa que los delitos que le imputaron eran falsos y que su caso no es sino uno más, aunque de los espectaculares, de la triste tradición mexicana de politizar la justicia y fabricar culpables por consigna.
Nadie parece obligado a reparar el daño ni hay castigo para la autoridad que lo hizo. Se entiende que la razón del atropello es político y esto parece aligerar, en vez de agravar, el caso.
La lógica política del juicio contra Gordillo es más o menos clara para todos. Desoyendo la tradición no escrita del sindicalismo mexicano, según la cual el poder de los líderes termina donde empieza el poder del presidente, Gordillo desafió al presidente Peña, se negó a acompañarlo en su reforma educativa, y lo aludió por su nombre, despectivamente, en algunos discursos.
La respuesta del presidente fue acusarla de diversos delitos populares en la opinión pública, y ponerla presa preventivamente, mientras se desahogaba el juicio: cinco años.
La sola descripción de los hechos afrenta todo sentido de igualdad ante la ley o imparcialidad de la justicia.
Pero no hay gran escándalo por el hecho. Es la consecuencia de una sólida tradición de uso y abuso discrecional de la ley, cuya piedra de toque es que las instancias de procuración de justicia no son sino instrumentos políticos del poder de turno.
Nadie juzgó a Gordillo por el verdadero delito por el que habría que juzgarla: por haber subordinado durante décadas la calidad de la educación a los intereses del sindicato, del que fue dueña.
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