Es el inicio del año 2021. La Ciudad de México -que nunca ha dejado de ser el centro de la pandemia en el país- escenifica los niveles máximos de contagio, hospitalización y muerte. Todo ha quedado rebasado: hospitales, personal médico, servicios de ambulancias, oxígeno, crematorios y panteones. Los pronósticos más pesimistas están sucediendo ante nuestros ojos, pero lo peor es que sabíamos que esto iba a pasar, lo peor es que pudimos evitarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí ofrezco el relato de una mentira.
El Diario Oficial de la Federación (14/V/2020) anunció que a partir del primero de junio, un sistema de semáforo determinaría el nivel de riesgo epidemiológico en las distintas entidades federativas. A decir de las autoridades de salud, tal sistema permitiría tomar decisiones sanitarias a partir de las condiciones locales específicas, pero sobre todo, el semáforo ofrecería estimaciones precisas, con objetividad científica, acerca del riesgo real que representa el virus en cada semana y de ese modo sería comunicado puntualmente a todas las mexicanas y los mexicanos.
El semáforo sería la guía principal para navegar la emergencia. Su cálculo -transparente, imparcial, regulado por lineamientos públicos- sería la base para detonar las medidas sanitarias pertinentes y permitiría que el derecho ciudadano a saber se cumpliera a cabalidad (conocer la realidad de la epidemia). El semáforo sería vehículo del derecho democrático a la información y la verdad.
Todo esto se quebró durante las últimas semanas de noviembre, como lo reveló una nota publicada por el New York Times (20/XII/2020). Las autoridades contaban con la información precisa que, en apego a sus propios lineamientos, debió poner a la Ciudad de México, al semáforo de riesgo epidemiológico, en color rojo a principios de diciembre. Debieron informar, sin rodeos ni manipulaciones, que la capital había cruzado al nivel “máximo” de riesgo epidémico poblacional y suspender las actividades no esenciales.
Todo indica que los responsables -federales y locales- actuaron por consigna: había que mantener el semáforo en naranja y para justificarlo fueron usados, literalmente, otros datos: indicadores distintos a los públicos, verificables, previamente reportados por las propias autoridades y, según los lineamientos, también obligatorios. La suspensión generalizada de actividades en la capital se pospuso hasta el 18 de diciembre, exponiendo a la población de la Ciudad al contagio masivo en un momento de intensa aceleración de la epidemia. Y esto es lo que no debemos olvidar.
Atengámonos a los hechos. El semáforo depende de diez indicadores que son calculados semanalmente y que, según su nivel, restan o añaden puntos a la estimación del riesgo. Entre ellos hay dos en el centro del garlito: el porcentaje semanal de positividad al virus SARS-CoV-2 en las pruebas realizadas y el porcentaje de camas con ventilador que se encuentran ocupadas en los hospitales del Sistema Nacional de Salud (Red IRAG). Su cálculo está plenamente normado por el “Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19” de la Secretaría de Salud.
Los sistemas de los que proviene la información son públicos. Varios de ellos son además reportados con regularidad en las conferencias vespertinas, de modo que es posible verificar el cálculo detrás del riesgo epidémico y el color del semáforo resultante.
Si seguimos al propio lineamiento oficial, veremos que el primer indicador -la positividad semanal- arroja un 36% para la Ciudad de México en la semana que va del 15 a 21 de noviembre, con la que, según la metodología, debió hacerse el cálculo del semáforo anunciado el 4 de diciembre. (El retraso es necesario por el tiempo de procesamiento de pruebas). Está a la vista de todos, en el sitio web del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (https://covid19.sinave.gob.mx/graficapositividad.aspx ).
También lo está el segundo indicador, las camas con ventilador ocupadas, en el sitio de la Red IRAG (https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome ). El 29 de noviembre, fecha a considerar para el cálculo del semáforo anunciado el 4 de diciembre según los lineamientos, la Ciudad de México registraba un 59.51% de ocupación de camas con ventilador.
Y sin embargo, el 4 de diciembre, de forma inexplicable, se mantuvo a la Ciudad de México en semáforo naranja, con 31 puntos en el indicador de riesgo epidémico. Así se anunció en conferencia, con participación de las autoridades federales y locales de la Ciudad de México. Y así lo consigna un oficio, hecho público, firmado por el señor Hugo López-Gatell dirigido a la jefa de Gobierno.
El problema es que, para el cálculo del semáforo, el gobierno usó una cifra de positividad semanal de 25% (versus el 36% real, verificable, obtenido conforme a lineamiento) y usó la cifra de 45% para la ocupación de camas con ventilador (versus el 59.5% real, verificable, obtenido conforme a lineamiento). En ambos casos, la cifra real añadía un punto adicional al puntaje de riesgo epidémico y -hechas las cuentas correctas- en ese momento alcanzaba ya los 33 puntos.
El asunto es que a partir de 32 puntos, la entidad respectiva transita a semáforo rojo, a riesgo máximo, y eso es lo que no se atrevieron a decir, es lo que se negaron a decidir.
Dicho en términos llanos, el gobierno violó su propia metodología para el cálculo de riesgo epidémico de la Ciudad de México; calcularon erróneamente, o manipularon, los indicadores para determinar el nivel de riesgo; no informaron al público acerca del riesgo real que enfrentaba la Ciudad y, al amparo del semáforo naranja, se abstuvieron de tomar medidas sanitarias más estrictas.
Además de la descalificación automática a todo aquel que cuestione su estrategia y la veracidad de sus datos, el señor López-Gatell ha sostenido que la diferencia en los cálculos obedece a un aumento, justamente para ese entonces, en el número de camas con ventilador (así como, habrá que asumir, en el personal y los medicamentos adicionales asociados). La afirmación no ha sido demostrada ni es verificable. Contradice las bases de datos oficiales, la información mostrada al público en múltiples conferencias y las declaraciones de los propios funcionarios en las fechas relevantes. Tampoco está registrada en los sistemas que, por lineamiento, son la base del cálculo de indicadores del semáforo.
Sobre los más de diez puntos porcentuales de diferencia en la positividad semanal de las pruebas, no hay explicación, ni pretexto siquiera. Así, la fuente de las cifras permanece en un misterio. La contradicción con los datos obligatorios para el cálculo es flagrante. El cálculo de los “otros datos” no se conoce. López-Gatell goza del respaldo del Presidente.
Tampoco se ha explicado por qué las autoridades habrían violado sus propios lineamientos para la determinación del riesgo epidémico, con qué justificación legal, ni con qué implicaciones. Y todo en un momento crítico de propagación de la enfermedad.
Además de las descalificaciones (que también son su costumbre) la jefa de Gobierno se ha limitado a reiterar que la coordinación entre su gobierno y el federal es absoluta e inequívoca -también lo es, por implicación- su corresponsabilidad en este error o manipulación.
No puede llamarse a sorpresa o engaño. Según los procedimientos, el cálculo de los indicadores depende de un cruce de información y validación mutua entre las autoridades federales y estatales, que ocurre cada semana, con corte de información cada lunes. Más aún, la propia jefa de Gobierno difunde diariamente un informe sobre la epidemia en la Ciudad. Así lo hizo en esos días reportando una positividad semanal promedio superior al 30%. Es decir: ella tenía los datos que obligaban a cruzar el umbral hacia el riesgo máximo. Por alguna razón o por obediencia, aceptó los de López-Gatell.
Las implicaciones de todo esto son dramáticas. Durante las dos primeras semanas de diciembre, la Ciudad mantuvo un nivel de actividad muy peligroso desde el punto de vista sanitario que pudo ser evitado echando mano de los propios instrumentos gubernamentales. Allí están los números de las últimas semanas (el cruce 2020-21) bajo la forma de picos históricos: 7 de enero, 5 mil 590 contagios confirmados; 6 mil 681 hospitalizados, 274 fallecimientos, una crisis humanitaria que debió haber sido evitada, porque teníamos los datos para hacerlo.
Durante toda la pandemia, México ha trabajado con información incompleta, insuficiente, inconexa, pero no teníamos evidencia de que fuese también manipulada. Ahora la tenemos.
A la incompetencia, se agrega una falla ética: la distorsión deliberada de los datos y la mentira consentida. Un episodio que, por el sufrimiento y la muerte de cientos de capitalinos, no podrá ser olvidado.
Ver más en Reforma
