Las encuestas electorales transitan por una crisis profunda. No es el caso de una deliberada tergiversación o manipulación de los datos; más bien es un problema derivado, sobre todo, de que cambiaron las condiciones de eficacia para que los estudios de intención de voto tengan una precisión estadísticamente aceptable. Es un tema difícil, pero evidente, y elección tras elección, desde 2010, las encuestas han dejado de ser, como fueron en el inicio, un factor que contribuya a la certidumbre y la confianza electorales.
También es un problema global; los casos de errores se acumulan, incluso en países de una extraordinaria y acertada tradición para este tipo de estudios, como sucedió en Gran Bretaña en la elección general pasada. Tampoco fueron satisfactorios los resultados demoscópicos de la última elección española, que daba al PSOE por abajo del agrupamiento Podemos. En México, no se había presentado un fallo tan generalizado en las encuestas, incluyendo las de salida públicas y —por lo que se sabe— de las privadas.
La mayoría de las empresas han emprendido esfuerzos aislados, pero importantes, para mejorar la confiabilidad de los estudios, particularmente con un mayor control del trabajo de recolección de datos. Para tal efecto, algunas han abandonado la subcontratación para mejorar la etapa de entrevista. También se han empleado aplicaciones en dispositivos móviles, para asegurar el cumplimiento de la muestra, evitar fraudes y mejorar supervisión y control. Aun así, los resultados han sido insatisfactorios. El problema es más serio y más grave. Tiene que ver con la pérdida de confianza del encuestado, que hace muy difícil dar validez a la respuesta al reactivo a quién votaría.
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